En julio del año 2004, en Washington DC, los países donantes le prometieron a Haití 1300 millones de dólares para estabilizar su situación política y reactivar su maltrecha economía. La promesa fue hecha para el período 2004-2005. Hubo más promesas en las conferencias de donantes que siguieron en Cayenne, Montreal, Madrid y Puerto Príncipe en 2005, 2006 y 2007. El monto original prometido a Haití en 2004 durante el gobierno provisional de Gérard Latortue jamás fue desembolsado en su totalidad y difícilmente supere los 750 millones de dólares.

Haití sufrió la intervención de siete misiones internacionales en los últimos 17 años. La Minustah, que funciona en el país desde junio de 2004, es la última de estas misiones, con un costo anual de 510 millones de dólares.

La catástrofe humanitaria sin precedentes que sufre el país y el esfuerzo de reconstrucción que requerirá en el futuro obligan a una reflexión sobre el tipo de “ayuda” a brindar a largo plazo.

Las “buenas intenciones”, los discursos, los aportes en dinero y casi dos décadas de “ayuda internacional” no han podido cambiar la naturaleza ilusoria del Estado haitiano. Un Estado fallido que tiene enormes dificultades para garantizar las decisiones colectivas de sus ciudadanos y ha mostrado un pobrísimo desempeño económico. Las instituciones burocráticas como el servicio civil, la policía y la Justicia, sometidas a décadas de manipulación, clientelismo y corrupción, siguen “heridas” de muerte. No hay en el país partidos de centro ni mucho menos una clase media. Provenientes del período colonial, persisten aún las tensiones entre mulatos y negros. La salud y la educación de mediana calidad solo están disponibles para el 5 por ciento de la población que puede pagar sus costos. El sida mata a niños, jóvenes y ancianos cada año.

Haití tiene 1,125 millas de costa marina sin control de ningún tipo, ya que los puertos no pertenecen al Estado y son controlados por la elite que importa y exporta productos y que debe contratar pequeñas armadas privadas para protegerlos. El 8 por ciento de la cocaína que ingresa en los Estados Unidos cada año, 9 toneladas, pasa por Haití.

Existen en Haití unas 170.000 armas pequeñas para uso personal en poder de civiles como producto del marco legal permisivo que rige en la materia, al que se suman factores culturales.

Un Estado de tipo racional weberiano, relativamente organizado, con presencia en todo el territorio y con monopolio sobre la violencia, control de fronteras, una armada subordinada a los mandos civiles, capacidad de cobrar impuestos a grandes exportadores e importadores y una Justicia independiente en condiciones de terminar con la impunidad, no ha sido funcional a los intereses de la elite económica.

En Haití, esta elite económica está constituida por un grupo de familias, entre las que se cuentan los Mevs, Brandts, Accras, Bigios, Berhmaus y Apeds, que monopolizan el comercio de azúcar, aves de corral, aceite de cocina, textiles, acero, materiales de construcción, automóviles y camiones, hacia y desde la isla. En el primer golpe de Estado contra Aristide, ocurrido a nueve meses de haber asumido la presidencia, en 1991, un grupo de familias entre las que se menciona a los Accra, Halloum, Shemali, Hamdar y Bigio tuvo un rol protagónico.

Haití requiere un esfuerzo de reconstrucción que además de proveer infraestructuras básicas, hoy en ruinas, se concentre en la reforma del aparato judicial, penitenciario y policial, tareas para las que Naciones Unidas podría no estar preparada. La utilización de una misión de imposición de la paz para atender una situación de fragilidad estatal no ha dado resultados positivos. Las intervenciones orientadas a la construcción del Estado, o state building, son mucho más ambiciosas que aquéllas de carácter humanitario, y su objetivo principal es el reemplazo o creación de la autoridad política así como el establecimiento de una autoridad que posea el monopolio de la fuerza, garantice el estado de derecho y provea seguridad a personas y bienes.

La transformación de una misión de mantenimiento de la paz en una misión civil centrada en la reconstrucción y rehabilitación del aparato estatal, que implique una reducción considerable de los 8000 soldados presentes y la llegada de ingenieros, arquitectos, médicos, abogados y profesionales de la administración publica, podría representar un cambio sustancial para este sufrido país de nuestro hemisferio.

* Ex asesor político de la Misión de la OEA para reforzar la democracia en Haití. Vivió en Puerto Príncipe 20062007. Doctorando Universidad Autónoma de Madrid.