En 2003, el gobierno de Néstor Kirchner aseguró que ninguna protesta social sería interrumpida por la fuerza, cortando la herencia de represión y muertes desde los primeros piquetes en el segundo mandato de Carlos Menem. Pero el abogado y coordinador del manual recordó que “los gobiernos provinciales siguieron utilizando el Código Penal para poner en caja a la protesta social: los estatales en Santa Cruz, los mapuches en Neuquén, los tareferos en Misiones, los tobas en Chaco”. “Las organizaciones sociales llegan a la protesta porque su voz no es tenida en cuenta por las empresas que detentan la comunicación pública, mientras que el Estado no debería esperar un piquete con dos mil vecinos para que se abran las instancias de diálogo –resaltó Rodríguez–. La protesta social es la manera de darle cauce a un cúmulo de preguntas que tiene la sociedad para la clase dirigente. Criminalizarla significa dejar sin voz al sector más vulnerable de la sociedad. La Constitución prevé el sufragio electoral para que el pueblo pueda expresarse, pero hay sectores sociales que no pueden esperar: si un chico está desnutrido, se muere. Entonces, lo que hacen no es ir contra la ley sino actualizar derechos como la libertad de expresión”, resumió. Appella agregó que “hay una estigmatización sobre los sectores que recurren a la protesta. Hay un consenso en el resto de la sociedad: molestan, no quieren trabajar, son vagos; todas son construcciones que dan resorte al Estado para ver delitos donde hay un reclamo por derechos”. Frente a eso, el manual plantea “la comunicación comunitaria como una manera de incidir en el espacio público a través de diferentes estrategias que permitan construir otro sentido”, indicó el coordinador.