La situación de los pueblos originarios en relación con la tierra forma parte, también, de las preocupaciones señaladas por el CDH, que señala su preocupación porque “han sido objeto de violencia y desalojos forzosos de sus tierras ancestrales en varias provincias”, por intereses asociados a la explotación de recursos naturales. El informe enfatiza que es preciso tomar medidas “para poner fin a los desalojos y asegurar la propiedad comunitaria” cuando sea indicado, algo para lo que el Estado debe también persistir en el “relevamiento jurídico catastral” de esas formas de propiedad de los pueblos originarios”. “Pero en este aspecto –señaló Alén– sólo falta implementar la ley 26.160 (de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras) en todas las provincias, y estamos cerca: 20 ya han adoptado el sistema de relevamiento territorial, sólo faltan tres. Por lo pronto, hemos logrado que se prorrogara la vigencia de la ley, que estaba ya por caer. Pero es también un asunto para el Consejo Federal, y muy especialmente porque las situaciones no son idénticas en todo el país, sino que en algunas provincias se vuelven más fuertes.”