Amnistía Internacional asegura que los avances legales no fueron de la mano de un cambio en las condiciones de existencia de los pueblos originarios y detalla que en los últimos cinco años hubo un “notable crecimiento” de las denuncias de desalojos y de intentos de despojo de los bienes naturales. “El común denominador de muchas violaciones es el privilegio de intereses económicos para explotar los recursos naturales de las tierras sobre los derechos de las comunidades indígenas a mantener sus tierras ancestrales”, explica AI.

La ley 26.160 prohíbe los desalojos y ordena el relevamiento territorial de todas las comunidades. “Diversos casos ocurridos en todo el país durante los últimos tres años demuestran que las órdenes de desalojo siguen expidiéndose. En el caso de Formosa, los avances en la implementación de la ley son prácticamente inexistentes”, asegura el informe, que será presentado públicamente hoy a las 11 en el Centro Cultural General San Martín.

Amnistía explica que las experiencias y luchas del pueblo pilagá “son en cierto modo similares a los de otros pueblos indígenas de la Argentina”.