Hasta ayer no se habían producido avances significativos en la causa en la que se investigan las muertes de Nicolás Carrasco, de 15 años, y de Sergio Cárdenas, de 29, quienes fallecieron en el hospital Ramón Carrillo de Bariloche, en la noche del jueves 17, luego de sufrir heridas de bala durante la represión policial a cargo del grupo antimotines BORA y efectivos de la comisaría 28ª. El fiscal de la causa, Marcos Burgos, les recibió declaración testimonial a varios testigos pero, al parecer, no se habrían producido avances significativos. “Es mucho el temor de los testigos, por eso estamos pidiéndole a la gente que se acerque al juzgado o a los organismos de derechos humanos para recibir el acompañamiento necesario para después, sí, poder declarar”, le dijo a Página/12 Juan Carlos Curaqueo, secretario gremial de ATE Bariloche.

“Es lógico que tengan miedo, cuando el propio jefe de la Unidad Regional los está intimidando con sus declaraciones”, le dijo a este diario la defensora del Pueblo de Río Negro, Ana Piccinini. “El comisario Argentino Hermosa salió a decir por los medios locales que se está diciendo que hay testigos de los sucesos en los que murieron estos dos chicos (por Carrasco y Cárdenas), pero el mismo comisario Hermosa les advirtió a los eventuales testigos que ‘ya saben bien qué es lo que pasa con los testigos mentirosos’. De esa manera, es muy difícil que haya personas que se atrevan a ir a declarar y señalar a los policías.”

Según Piccinini, por eso mismo es necesario que el gobernador Miguel Saiz “decida de una vez apartar a toda la cúpula policial involucrada en los hechos, porque en un caso como éste, de violencia policial, lo que hay que hacer es invertir la carga de la prueba. Cualquier ciudadano común acusado de un hecho criminal es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero un policía tiene que probar que es inocente”.

De acuerdo con la información que pudo conocerse en relación con las muertes de Carrasco y Cárdenas “fueron asesinados de varias perdigonadas. El hombre de 29 años murió porque le destruyeron los pulmones y otros órganos vitales con los perdigones”. A la causa podrían incorporarse imágenes tomadas por algunos medios locales que muestran “cómo los efectivos policiales actuaron en todo momento empuñando pistolas 9 milímetros o armas largas”.

Hasta hoy, el único jefe policial que fue apartado del cargo por el gobernador Saiz fue el titular de la comisaría 28ª, Jorge Carrizo, y separó de sus cargos a los cuatro agentes que participaron en la corrida que terminó con el asesinato de Diego Bonnefoi, hecho por el que está detenido, con prisión preventiva, el cabo Sergio Colombil.

Desde Buenos Aires, la Mesa Directiva de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) le solicitó al gobierno de Río Negro que “facilite la investigación de estos sucesos” para que “puedan ser identificados los responsables” de las muertes de Carrasco y Cárdenas, para que esas personas “reciban las sanciones que les correspondan”.

Con anterioridad, a requerimiento de la Defensoría del Pueblo frente a otros casos de violencia policial, algunos legisladores provinciales habían solicitado al auditor general de Asuntos Internos de la policía, el abogado Hugo Concellón, que tratara de impulsar desde adentro de la fuerza “la pronta investigación de los hechos, circunstancias y pruebas detalladas en las denuncias” que habían sido presentadas en los últimos años. La propia defensora del Pueblo se reunió con Concellón para hacerle la misma solicitud. Al parecer, no hubo una respuesta satisfactoria.

En el marco político, los miembros del bloque justicialista habían pedido la interpelación del ministro de Gobierno, Diego Larreguy. Ayer se confirmó que el trámite se cumplirá recién el 8 de julio y los legisladores de la oposición tendrán que presentar sus preguntas, por escrito, con 48 horas de anticipación. “Es una burla –sostuvo Piccinini– porque de esa manera se pueden estudiar las respuestas y la interpelación pierde efectividad.”