Cierro los ojos y recuerdo con nitidez la cabeza rasurada de Ivana Rosales, zurcida por cirujanos, marcada por múltiples cicatrices. Tenía 28 años cuando su esposo intentó matarla dos veces consecutivas en menos de una hora. Primero ahorcándola con un alambre y, después, golpeándola salvajemente con una piedra hasta desfigurarle la cara y provocarle múltiples fracturas. Milagrosamente, Ivana sobrevivió. Me enteré de su dramática historia a través de la colectiva feminista La Revuelta, de Neuquén, que la acompañó en el juicio contra el agresor y me enviaron sus fotos con las huellas del horror. El fallo que pretendió llevar justicia llegó cargado de sexismo y discriminación a la víctima. El 11 de julio de 2003 la Cámara II en lo Criminal de Neuquén halló culpable al esposo de Ivana, Mario Garoglio, por “intento de homicidio agravado”, pero lo condenó a apenas cinco años de prisión, menos de la mitad del máximo previsto para ese delito, porque consideró que hubo “atenuantes” que justificaron su conducta: es que poco antes de golpear a su esposa hasta dejarla al borde de la muerte, Garoglio se había enterado de que ella lo iba a dejar porque tenía una relación con otro hombre, es decir, lo justificaron porque le había sido infiel.

El machismo que atraviesa a la sociedad se replica en la mirada con la que muchos magistrados y magistradas y otros funcionarios del Poder Judicial enfrentan expedientes. Como hicieron los integrantes de la Cámara Segunda en lo Criminal de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco, que el 31 de agosto de 2004 absolvieron a tres jóvenes “criollos” que habían violado a L. N. P., una adolescente toba de 15 años, en un pueblito de El Impenetrable: la sentencia está plagada de conceptos sexistas. En el juicio quedó probado el acceso carnal por la fuerza, pero los jueces consideraron que “no se debe confundir la violación con la violencia propia de un acto sexual”. Los atropellos a los derechos de L. N. P. fueron denunciados ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, donde la Argentina todavía enfrenta una demanda. Frente a fallos como el del tribunal neuquino o el chaqueño –apenas dos muestras entre tantas que quedan invisibilizadas en los medios– se reafirma la necesidad imperiosa de permear de perspectiva de género al Poder Judicial. A veces la discriminación hacia las mujeres víctimas de delitos sexuales o violencia de género es sutil, a veces ostensible.

La iniciativa de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema es ambiciosa. Se propone promover un cambio cultural en los estrados judiciales, que se derrame hacia el resto de la sociedad, en cumplimiento de tratados internacionales incorporados a la Constitución. El proyecto es promovido por una mujer, feminista y atea militante: Carmen Argibay. No es casualidad.