Pese a los evidentes problemas de infraestructura escolar y las profundas desigualdades en el acceso a la educación que afectan a la ciudad –que se manifiestan en falta de vacantes en distintas zonas, superpoblación de las aulas y condiciones edilicias deficientes e inseguras–, cada año la ciudad subejecuta una gran parte de los recursos asignados a construcción y reparación de escuelas en la Ley de Presupuesto.

Durante el período 2007-2009, el promedio de subejecución fue del 22 por ciento, alcanzando un 41 por ciento en 2008, y la suma total del presupuesto subejecutado en esos años fue de aproximadamente 220 millones de pesos actuales. Asimismo, a junio de 2010 el gobierno sólo ejecutó 32 millones de pesos de los 440 presupuestados para el año(1).

El panorama de fuerte subejecución en infraestructura escolar se agrava aun más si se tiene en cuenta que el gobierno no provee información sobre el destino concreto de los fondos y las obras realizadas con los recursos utilizados. Por ejemplo, en la cuenta de inversión del año 2009 sólo individualizó el destino concreto –la escuela beneficiada– del 2 por ciento de los fondos destinados a infraestructura.

Frente a esta subejecución estructural de los recursos destinados a obras, resulta fundamental promover cambios sustantivos que permitan fortalecer los mecanismos de control de la sociedad civil. Actualmente la falta de transparencia y de información adecuada dificulta seriamente ese control, ya que en las cuentas públicas no se indica qué obras están planeadas ni cuánto dinero se prevé destinar a cada una de ellas, lo que torna imposible el control oportuno de su ejecución por las personas y grupos afectados.

Además, es importante implementar mecanismos concretos que permitan atenuar en alguna medida los efectos de la subejecución, por ejemplo, a través de normas que establezcan que los recursos no utilizados en obras de infraestructura escolar mantengan su afectación específica en ejercicios siguientes y no sean destinados a rentas generales.

En el contexto actual, de fuertes reclamos por las condiciones edilicias de las escuelas, la carga de mostrar claramente de qué forma se han usado los recursos y de dar las mayores garantías y precisiones sobre lo que se hará en el futuro recae especialmente sobre el gobierno, que tiene el deber indelegable de garantizar el derecho a la educación.

- Informe de ACIJ disponible en www.acij.org.ar

* Programa Igualdad Educativa. Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.