En España el debate en torno de los avisos de servicios sexuales estalló hace dos años. A diferencia del resto de Europa, donde esa clase de anuncios está relegado en general a la prensa sensacionalista, en España –como en la Argentina– la mayoría de los periódicos ganan fortunas con ese rubro. Sólo cuatro diarios no los publican, entre ellos El Público y 20 Minutos. Diarios como Frankfurter Allgemeine, Le Monde, Daily Telegraph o The Guardian no tienen clasificados hot. The International Herald Tribune, por ejemplo, los eliminó en 2003 al considerar que era incoherente con su línea editorial mantenerlos.

A comienzos de 2009, el gobierno español puso en marcha un Plan Integral contra la Trata, que además de definir a las prostitutas como “víctimas”, instaba a los diarios a que, mediante la autorregulación, eliminasen cualquier relación empresarial con la prostitución. Pero los diarios hicieron oídos sordos a la recomendación. Embolsan más de 40 millones de euros al año por los clasificados de prostitución, según calculó una comisión parlamentaria. Entonces, frente al fracaso de la esperada autorregulación de los medios, en 2010, la entonces ministra de Igualdad de España, Bibiana Aído, pidió al Consejo de Estado, que es el órgano superior de consulta del gobierno, que analice desde el punto de vista jurídico y legal la posibilidad de limitar la publicidad de prostitución en la prensa gráfica.

Finalmente, este año, en abril, el Consejo se pronunció y emitió un dictamen favorable al establecimiento de la prohibición de ese tipo de publicidad en publicaciones de interés general como los diarios y recomendó que se evalúe también extenderla a la televisión e Internet. Con ese documento –de 59 páginas, al que tuvo acceso Página/12–, el gobierno de Rodríguez Zapatero busca consensuar una normativa con los líderes de las bancadas del Parlamento. Pero la convulsión política y económica ha relegado por el momento el tema en la agenda legislativa.

El Consejo de Estado español explicó que una de las razones que llevan a avalar la prohibición es “la de impedir que la prostitución pueda ser considerada como una actividad económica situada en el mismo plano ético que cualquier otra actividad lícita”. También aclaró que “desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión y los otros derechos constitucionales afectados eventualmente”, una iniciativa de esa naturaleza “no infringe ninguna de las posibles manifestaciones de esos derechos. Antes, al contrario, se conecta derechamente con lo dispuesto en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 15 de noviembre de 2000, ratificado por España y en vigor”.