La historia clínica de Mónica muestra las huellas de la inequidad en el acceso a la salud. Según explicó Carolina Comaleras, del Consorcio Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Conders), la mujer nació con una patología cardíaca congénita llamada tetralogía de Fallot, que ocasiona un cuadro de hipoxia crónica, entre otras complicaciones. “Es una enfermedad que se puede tratar con cirugía, pero Mónica nunca fue operada. Tuvo cinco abortos espontáneos, en 1997, 1999, 2001, 2002 y 2005. Este último cuando cursaba el sexto mes de embarazo y se había evaluado que había un ‘alto riesgo’ para su vida de continuar la gestación”, precisó la representante del Conders en Entre Ríos. Al mes de ese aborto espontáneo, en el Hospital Materno Infantil San Roque, de Paraná, donde la mujer se atiende, le autorizaron una ligadura de trompas, dado que cada nuevo embarazo ponía su vida en peligro. Aunque en ese momento todavía no se había sancionado la Ley Nacional de Anticoncepción Quirúrgica –aprobada en 2006 por el Congreso–, la ligadura no requería de permiso especial, puesto que el propio cuadro de Mónica lo indicaba. En la historia clínica está registrado que Mónica llegó a internarse para que le realizaran la ligadura tubaria, pero se le dio el alta sin hacérsela porque el “quirófano no estaba en condiciones”.

Con un nuevo embarazo en curso, el 4 de agosto último se hizo en el San Roque un ateneo multidisciplinario en el cual se presentó su caso clínico y se estableció luego de los estudios correspondientes:

- Que la paciente “corre riesgo de vida debido a su extrema vulnerabilidad en el aspecto cardiológico”.

- “Que no podrá transitar el resto del embarazo sin riesgo, teniendo serias posibilidades de muerte”.

- “En aras de la protección de la vida de la paciente resulta apropiado aconsejar la interrupción del embarazo, aclarando que se encuadra en el artículo 86 inciso 1º del Código Penal”. Es decir, se le indicó un aborto terapéutico.

Mónica dio su consentimiento informado: lo firmó y anotó su DNI. La intervención se acordó para el jueves 11 de agosto a las 7.30, en el Hospital San Martín, de Paraná. También le realizarían una ligadura tubaria. Pero, según denunció el Conders ante la Defensoría del Pueblo de Paraná y ante Página/12, “a las 7 de la mañana irrumpió abruptamente un médico cardiólogo, reconocido militante pro-vida, que sin tener relación alguna con la paciente, ni personal ni profesional, manifiesta que se va a cometer un crimen y amenaza con denunciar en los medios el asesinato que allí se va a cometer. Sin impedimento alguno, accede a hablar con Mónica y le dice enfáticamente que ‘eso no se hace’, que tiene que seguir para adelante. Nadie intervino para proteger o defender los derechos de Mónica”, subrayó Silvia Primo, también del Conders.