Durante 2011, la AFIP detectó, denunció y documentó las condiciones insalubres a las que eran expuestos tres mil trabajadores en todo el país. Las actividades más irregulares son la agricultura, la textil, el desmonte, las salinas y la industria ladrillera. “Nuestros inspectores ya no se limitan a la registración del trabajo. Se fijan también en la calidad y las condiciones laborales porque también son parte del contrato de trabajo”, explicó a Página/12, Carlos Sánchez, director de Seguridad Social de la AFIP. El funcionario aseguró que hubo un cambio de protocolo en los operativos. “Antes se creía que la trata era sólo para fines sexuales, ahora sabemos que gran parte de ese negocio se orienta a la explotación laboral”, comentó.

La orden que recibieron los 24 mil inspectores del organismo fiscal al detectar una situación de explotación infrahumana es denunciarla penalmente. Si hay inmigrantes, tienen que llamar a la Dirección Nacional de Migraciones, si detectan menores de edad, al Ministerio de Desarrollo Social y en el caso de trata de personas a la cartera de Justicia, que cuenta con una oficina especializada. “La idea, como dijo la Presidenta, es tener un Estado articulado que trabaje en conjunto”, señaló Sánchez.

El cambio de protocolo, agregó, implica dejar de pensar en que estos casos son parte del “trabajo irregular” o “no registrado”, una especie de categoría inferior dentro del mundo laboral. “Estamos ante lo que llamamos trabajo ilegal. Es decir, un crimen. Muchos peones no tienen acceso a la salud ni otros tipos de protección social. Los patrones no les están haciendo un favor al darles trabajo, les están robando aunque estas prácticas esclavistas a veces son ‘normales’ y ‘habituales’ hasta para los propios explotados”, dijo.

Según las cifras de la AFIP, de los 3000 trabajadores que fueron detectados en condiciones laborales mucha veces infrahumanas, 1178 fueron registrados legalmente luego de los operativos. Las grandes empresas acudían a la AFIP tras conocerse las condiciones de semiesclavitud en las que vivían sus empleados asegurando que sí estaban registrados. “Las condiciones son importantes. Ellos tercerizan las contrataciones pero siguen siendo responsables”, señaló el funcionario, quien define a la tercerización como “el principio de la precarización del empleo”.

En esas reuniones con las empresas multinacionales, Sánchez se encargó de aclararles que, en el campo, sus empleados debían tener las mismas condiciones laborales que el personal de planta. “Hubo cambios y mejoras porque los operativos terminaron afectando la imagen de muchas empresas”, advirtió el funcionario. Por otra parte, esas compañías dejaron de ser confiables para la AFIP. “Además de recibir sanciones laborales, tributarias y aduaneras, están siendo más controladas que antes”, aseguró.

Las reclutadoras, como Manpower, Adecco o Rural Power, se ufanan de tener “en blanco” a sus empleados. El esquema de funcionamiento, según detalló el funcionario, es tener un “tropero” que maneja a los supervisores, quienes suelen también trabajar en los campos y llevan a otros hasta allí. Los costos por viajes, comida, herramientas y ropa, como surge de las investigaciones judiciales, se les descontaban a los peones de su sueldo. Pasaba en las salinas de Córdoba, donde los operarios ganaban 25 pesos por días y los guantes para trabajar se los vendían a 50 pesos.

“Los reclutadores actúan como los prestamistas. Nunca asfixian al trabajador, tampoco permiten que cancele la deuda. Muchas veces, los peones se volvían a casa sin un peso en el bolsillo”, comentó Sánchez. Los operativos, recordó, generaron todo tipo de reacciones: hubo un capataz que hizo ocultar a los peones dentro de los tanques de agua, otro los encerró en una cámara frigorífica –apagada– y fueron rescatados por los inspectores. También encontraron pastillas de carbón en un campo, que los patrones repartían gratuitamente, sabiendo que la comida en mal estado que vendían a los peones les causaría diarrea.

“Lo bueno a partir de la difusión es que los vecinos empezaron a denunciar este tipo de situaciones. Había una cadena de complicidades, comercios en Mendoza donde se canjeaban las fichas que daban a los peones y equivalían a dinero, por ejemplo”, explicó Sánchez. En el hall del edificio central de la AFIP, las cruentas imágenes tomadas con cámaras y celulares conforman hoy una muestra sobre trabajo ilegal, replicada en las dependencias de esa institución en la ciudad de Córdoba y que aspira a extenderse a otros lugares del país.