A fines de diciembre de 2008, el Senado salteño sancionó una nueva ley de Educación, la 7546, que incorporó como obligatoria la educación religiosa en las escuelas primarias. La polémica normativa, promovida por el gobernador justicialista Juan Manuel Urtubey, retomó el texto de la Constitución provincial que en su artículo 49 sostiene que los padres y en su caso los tutores “tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Pero tal como advertía este diario que sucedería, ya en febrero de 2009, en lugar de una asignatura en la que se aborden distintas creencias, a los chicos y chicas se les dicta religión católica. En la práctica, “si no quieren concurrir a la clase, se les permite salir al patio, pero no hay una materia alternativa. O bien se les ofrece llegar un poco más tarde a la escuela para no tener que rezar todos los días”, describió a Página/12 la abogada Graciela Abutt Carol, especialista en derechos humanos y una de las letradas que representaron al grupo de madres que demandó al gobierno salteño para eliminar la educación católica religiosa de las aulas de escuelas públicas.