Por primera vez, organizaciones feministas exigen a los gobiernos iberoamericanos revisar la actual política anti-drogas. Centenares de ONG de diversos países de la región, incluida Argentina, están levantando sus voces para advertir sobre una cara tal vez poco visibilizada del impacto de la “guerra contra las drogas”: las gravísimas consecuencias que tiene sobre la vida de las mujeres, con un creciente aumento de los femicidios en el contexto de la lucha contra el narco. “Esta guerra tiene impactos graves para las mujeres: el homicidio de mujeres ha crecido sostenidamente en gran parte de Centroamérica y México, y en países como Honduras, su aumento es cuatro veces mayor al aumento de los homicidios de hombres”, señaló a Página/12 la abogada chilena especializada en el tema, Patsili Toledo, integrante del Grupo de Investigación Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchos crímenes incluyen ensañamiento sexual, tortura y mutilaciones, detalló, y alertó que el amplio acceso a las armas también favorece y agrava la violencia en la esfera doméstica.

“La tasa de homicidio para las mujeres en El Salvador es la más alta de la región: 13,9 cada 100.000 mujeres. En Guatemala, la tasa es de 9,8 cada 100.000; y en los estados mexicanos como Chihuahua, Baja California y Guerrero, la tasa casi se triplicó entre 2005 y 2009, llegando a 11,1 cada 100.000. En cambio, las tasas en países como Chile y Argentina no superan 1,4 cada 100.000”, diferenció Toledo. Y agregó: “En países como Chile, Argentina y Costa Rica, donde los niveles generales de violencia son más bajos, los asesinatos de mujeres normalmente son cometidos con menos violencia, por parejas o ex parejas en el contexto de un ‘abuso doméstico’”. A menos de dos semanas de la próxima Cumbre de las Américas, que se realizará el 14 y 15 de abril en la ciudad colombiana de Cartagena, las ONG hacen un llamado para que los gobiernos analicen un cambio en las políticas anti-drogas.

El llamado es formulado por la Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género conformada por organizaciones de seis países latinoamericanos: ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (Argentina); Corporación Humanas (Chile, Colombia y Ecuador), Equis: Justicia para las Mujeres (México) y Demus - Estudio para la Defensa de los Derechos de la mujer (Perú).

La propuesta ya generó la adhesión de más de un centenar de ONG y personas, desde Ciudad Juárez, en México, hasta Santiago de Chile. Desde Córdoba, expresó su apoyo a la convocatoria Católicas por el Derecho a Decidir, que encabeza la argentina Marta Alanís. Reconocidas activistas como Ana Carcedo (Costa Rica), Marcela Lagarde (México), Socorro Ramírez (Colombia) también se han sumado al reclamo. “La violencia contra las mujeres, profundamente enraizada en el sexismo y la discriminación estructural de las mujeres, se incrementa en el actual contexto de violencia armada en la región, directamente relacionada con el narcotráfico. Por tanto, la gravedad de esta situación exige una urgente revisión de la actual política anti-drogas, con miras a reducir la violencia y la corrupción que nutre formas extremas de violencia contra las mujeres”, dice el comunicado que firman las organizaciones. Una de las referentes de la movida es la abogada chilena Toledo, una de las estudiosas más reconocidas del flagelo del femicidio en la región.

–¿Cuál es el vínculo entre narcotráfico y femicidio en Latinoamérica? –le preguntó este diario a Toledo, quien reside actualmente en Barcelona.

–La violencia asociada con la “guerra contra el narcotráfico” y el crimen organizado –incluyendo la corrupción estatal– en algunos países tiene consecuencias específicas para las mujeres. Como sucede en la guerra, la violación cruel de las mujeres es simbólica: crea cohesión dentro de los grupos armados, reafirma la “masculinidad” y es una forma de atacar “la moral del enemigo”. Pero la violencia “doméstica” también se está agravando: si bien hay mujeres en todo el mundo que son amenazadas por sus parejas, el riesgo se eleva sustancialmente cuando los hombres tienen fácil acceso a armas y una probabilidad menor de ser llevados ante la justicia, como sucede en México y Guatemala, donde la tasa de impunidad supera el 95 por ciento.

Otra cara de la relación del narcotráfico y las mujeres es que muchas de ellas terminan en prisión por delitos vinculados con drogas. En las cárceles federales argentinas se observa ese fenómeno. La mayoría de las internas está acusada por tráfico en pequeña escala, como mulas.

–¿Por qué este llamamiento a los gobiernos iberoamericanos?

–Mientras la “guerra contra las drogas” siga siendo un buen negocio no sólo para los traficantes y lavadores de dinero, sino también para la industria de las armas de los países desarrollados, la inundación de armas en la región seguirá alimentando la violencia –que incluye manifestaciones extremas contra las mujeres– y debilitando el sistema judicial. La falta de control de las armas, sumada a la impunidad, hace que los asesinatos resulten más fáciles y baratos. Sin duda, la violencia contra las mujeres existe en tiempo de paz. Pero aumenta y empeora en tiempos de guerra. La “guerra contra las drogas” debe terminar y eso exige cambios a nivel mundial en las políticas de control de drogas que, desafortunadamente, ninguna ley contra el femicidio –aprobada en los últimos años en la región– menciona. Poner fin a esa guerra no erradicará los femicidios en América Central y México, pero al menos podría reducir la tasa de asesinatos de mujeres a las cifras más “saludables” de otros países afortunados de estar más lejos de las principales rutas del narcotráfico.