El documento elaborado por diez ONG sobre acceso a los derechos sexuales y reproductivos en la Argentina analiza el acceso a los métodos anticonceptivos, así como a la educación sexual integral de acuerdo con la ley vigente desde 2006. En los dos aspectos, enumeró obstáculos. En especial, señaló que la Ciudad de Buenos Aires sólo ejecutó el 0,1 por ciento del presupuesto dedicado a la educación sexual y capacitó a 2000 docentes de los 55.000 de la ciudad.

En el plano de las recomendaciones, la coalición de ONG pide que el Estado garantice el acceso equitativo en todo el territorio a los métodos anticonceptivos, así como el reclamo para que “el Ministerio de Salud Nacional convoque una reunión de Cofesa (Consejo Federal de Salud) para adoptar la Guía Técnica de Atención Integral de Abortos no Punibles como política pública, y, por lo tanto, la refrende a través de resolución ministerial”. También se recomienda que “la Anmat apruebe el misoprostol para las indicaciones obstétricas que ya fueron aprobadas, a su vez, por la Organización Mundial de la Salud, sin restricciones para su uso fuera de los servicios de salud”.