Los piquetes y movilizaciones no son exclusivos de los ambientalistas, aborígenes y otras organizaciones que participan de la Cumbre de los Pueblos, paralela a la Río+20. Ana Bursztyn-Miranda, ex compañera de prisión de Dilma Rousseff, hace 30 años, encabezó ayer una manifestación hasta la casa del represor Dulene Aleixo Garcez do Reis, en el barrio Botafogo. “Me secuestraron a tres cuadras de esta plaza donde ahora están estos muchachos del Levante Popular, es necesario que sean escrachados los represores para recuperar la memoria, para que se conozca la verdad y se haga justicia, no vamos a desistir hasta que se haga justicia”, dijo Ana, acompañada por centenares de jóvenes, entre quienes había militantes brasileños y de países latinoamericanos que participan de la Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental.

“Estos muchachos no son de la generación de mis hijos, porque nuestros hijos crecieron con temor por ser tratados como hijos de bandidos. Esta nueva generación no está intimidada por la represión, ellos van de frente a la búsqueda de la verdad”, agregó. Garcez do Reis fue beneficiado por la Ley de Amnistía. Está acusado de haber torturado en 1970 al secretario general del Partido Comunista Brasileño Revolucionario, Mario Alves, muerto poco después en el Batallón de la Policía del Ejército en Barra da Tijuca.

Carolina Dias, estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales, una de las coordinadoras del escrache, explica que esta modalidad de denuncia “se inspiró en lo que hicieron los compañeros de Argentina y Uruguay contra los represores”. También participaron Eliete Ferrer, brasileña presa en Chile después del golpe de Pinochet, símbolo viviente del Plan Cóndor, y Rosa Britez, que vino desde Paraguay para participar en la Cumbre. “Escrachar a los militares está muy bien, para que se haga justicia, en Paraguay casi nadie ha ido preso. Si todos los jóvenes y los militantes hacemos presión va a poder haber justicia.”