En el informe sobre el “uso indebido de la prisión preventiva” en el país, se afirma que ante la “distorsión” existente se deben “reformular y plantear determinados postulados, a los efectos de garantizar una aplicación adecuada del criterio procesalista y limitar así el uso” de esa medida de privación de la libertad. Uno de los mecanismos sugeridos para tener en cuenta por parte de jueces y de fiscales es la necesidad de realizar audiencias orales, en las cuales todas las partes, incluyendo por supuesto el imputado y sus defensas, puedan exponer sus alegatos. Se sostiene en el libro que existe “un consenso generalizado de que el sistema escrito no garantiza fallos adecuados, impide ejercer el derecho a ser oído –pues se aplica el derecho a ser leído–, limita la posibilidad de presentar prueba y, en la mayoría de los casos, sólo se tiene una única posibilidad de alegar al momento de constatar la vista o el traslado”. Por el contrario, se resalta que “la virtud que posee la oralidad es que se sabe por qué comenzará la audiencia, pero no cómo terminará”. Otras cuestiones a tomar en cuenta son el tiempo de duración de la preventiva y el lugar de detención donde deberá ser cumplida por una persona que sigue siendo inocente porque todavía no se demostró lo contrario.