El diputado oficialista Sebastián Sabini es autor de un proyecto de regulación del cannabis para fines recreativos, medicinales e industriales, presentado a fines del año pasado. Según explicó a Página/12, la propuesta del presidente José Mujica cambió el eje de lo que se discutía en el Parlamento uruguayo. “Nuestra propuesta apuntaba a acotar las intervenciones judiciales contra los cultivadores y establecer algunos principios de regulación comunitaria, como el caso de los clubes de cultivo. Ahora es el Estado el que tendría el monopolio de la producción, distribución y comercialización. Es lo óptimo, aunque también nos interesa debatir sobre el autocultivo”, agregó.

Luego de dos años de trabajo de una comisión especial del Parlamento, que incluyó consultas a todos los sectores involucrados, este diputado elaboró un proyecto que permitiría a una persona portar 25 gramos de marihuana, cosechar ocho plantas hembras de cannabis, número que se elevaría en casos de usuarios terapéuticos, y abría el juego al uso industrial del cáñamo. También Luis Lacalle Pou, del Partido Blanco, sumó un proyecto en favor del autocultivo, que incrementaría las penas por narcotráfico sin distinguir la venta minorista de las grandes organizaciones.

–¿En qué punto quedó el debate de las propuestas que ya existían sobre el tema en la Cámara de Diputados?

–Se creó una comisión especial para tratar esos proyectos, integrada por diputados de todos los bloques y que tiene como fecha de reunión el próximo 5 de julio. Lo que propuso el Poder Ejecutivo, aunque no es mi proyecto, tiene similitudes con un informe que habíamos presentado en 2010. La legalización va a tener un impacto enorme, más allá del autocultivo, porque ésta es una despenalización total y regulada. De esta forma el Estado regula, como en otras actividades, producción, distribución y comercialización y también la calidad del producto, como ocurre con el tabaco, una droga a la que también se le cobra impuesto.

–¿Cómo ve el panorama internacional a partir de esta propuesta?

–La marihuana está en la lista de sustancias prohibidas internacionalmente y puede producirse con fines investigativos. De hecho, en Uruguay se vienen haciendo distintos experimentos con el cáñamo, que no tiene efectos psicoactivos, para uso industrial. La idea de la legalización solo sería aplicable al territorio uruguayo por la prohibición que impera en los demás países. En Holanda, la legislación es distinta porque los privados pueden participar de la producción y eso requiere otros controles.

–¿Usted pensó en presentar un proyecto de legalización?

–Sí, pero optamos por uno de regulación porque un proyecto así no lo puede presentar un legislador. Es algo más grande, que involucra al sistema institucional del país, más recursos humanos, organismos específicos y mucha infraestructura. Lo que ocurrió es un cambio rotundo respecto de lo que pasa en el nivel internacional. Está bueno que la legalización la presente el Ejecutivo porque le da mucha fuerza.

–¿Usted va a insistir con su propuesta de clubes de cultivo?

–No lo descartamos desde el bloque, pero tenemos que trabajarlo y consultarlo más. La legalización es algo muy novedoso para lo que veníamos debatiendo en el Parlamento. El 5 de julio, cuando empiece a funcionar la comisión especial para este tema, van a venir funcionarios de la Junta Nacional de Drogas y seguramente vamos a evaluar más posibilidades. De todas formas, si yo hubiera presentado un proyecto de legalización habría sido parecido al que propone el Ejecutivo.

–¿Cree que hay posibilidades de aprobarlo en el Parlamento?

–Sí, y muchas. Sin aliados, tenemos la mayoría en Diputados y en el Senado. Cuando un proyecto lo manda el Ejecutivo, es muy difícil que no salga. Puede tener modificaciones, pero siempre se termina votando.