Ya en agosto de 2009, el entonces procurador general de la Nación, Esteban Righi, instruyó a los fiscales penales que actúen en causas en las que se investiguen casos de trata y de proxenetismo que soliciten al juez la intervención de la agencia municipal del distrito, con el fin de concretar la clausura de los locales nocturnos –que son fachadas de prostíbulos– y promover la caducidad de la habilitación, cuando esté funcionando bajo la apariencia de un comercio lícito. En los casos en que el lugar no tenga ningún tipo de permiso legal –como ocurre con los llamados “privados” o “vips”–, los fiscales deberán sugerir al magistrado que no restituya el inmueble a su titular hasta tanto “no sean debidamente aclaradas las circunstancias de su uso ilegal”. Además, Righi pidió a los ministros de Justicia, Julio Alak, y de Interior, Florencio Randazzo, que se ocupen de que sean derogadas en las provincias las ordenanzas comunales que, en abierta violación a la legislación nacional vigente, se aprobaron en los últimos años en distintas provincias –como Misiones, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Entre Ríos, entre otras– que regulan la explotación de la prostitución ajena. Esas normativas incluyen hasta registros de “alternadoras” y la exigencia de la renovación periódica de una libreta sanitaria, que prevé el control médico ginecológico. Pero poco se avanzó en ese camino. Córdoba dio el puntapié inicial.