“Durante milenios, las distintas sociedades controlaron y regularon el uso de drogas por la vía de la cultura y de los mecanismos informales de control social, desempeñando las religiones un papel central en ello. La modalidad de control por la ley penal se inicia en la segunda década del siglo XX”, señala la extensa fundamentación del proyecto de ley presentado por José Mujica. El texto advierte que “Uruguay se ha destacado en su lucha contra el consumo de drogas” y que “para el caso del tabaco, el gobierno anterior definió una drástica política, continuada por éste y aceptada por la población”, por la cual el país “enfrenta juicios internacionales multimillonarios por la poderosa empresa Philip Morris. Sin embargo, no abatiremos nuestras posiciones de combate a las drogas”.

Sin perjuicio de ello, la fundamentación sostiene que “estamos ante el fracaso estrepitoso de la ‘guerra’ internacional contra las drogas”, en el cual distingue varios aspectos: “El consumo se ha expandido”; “La humanidad ha despilfarrado colosales recursos en un camino equivocado”; “Las consecuencias sociales han sido durísimas, incluida la inundación de las cárceles con una internación compulsiva en masa”; “Al ponerse la puntería sobre la oferta, casi se abandonó la acción sobre la demanda: muy pocos recursos se han destinado a combatir el consumo mediante prevención, información y persuasión, y a la atención de los usuarios” y, “la peor consecuencia de todas: se ha dejado en manos de mafias la colosal masa monetaria del tráfico”, que estableció “íntimas conexiones con el sistema financiero” y practica una corrupción por la cual “el Estado queda sustituido o anulado”.

Por eso, “Uruguay defiende la necesidad de impulsar en los organismos regionales y mundiales un debate sobre el modelo prohibicionista”, en cuyo marco “se debe poner en cuestión la Convención Unica de Estupefacientes de 1961 y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Drogas de 1988”.