Una de las decisiones que permitirá determinar si Scioli está dispuesto a cumplir con su compromiso con la Comisión Provincial por la Memoria es la resolución 7, del Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense, que prohíbe el ingreso de cámaras a los penales. “En la provincia de Buenos Aires sigue existiendo la resolución Nº 7 del 2005, que prohíbe filmar cuando inspeccionamos los lugares de detención –señala el informe de la CPM–. La oscuridad, lo opaco, que los ojos no vean, son políticas de impunidad, entonces de complicidad. No hay razón de Estado valedera para la prohibición de mostrar lo que ocurre en las ‘catacumbas’.”

La prohibición rige desde el 2005 y fue firmada por el ex secretario de Política Penitenciaria Carlos Rotundo, después de que la Comisión Provincial por la Memoria denunciara el caso de torturas a Cristian López Toledo, el primero en ser demostrado ante la Justicia en cárceles bonaerenses.