Las elecciones legislativas del próximo 12 de septiembre son decisivas para la continuidad de los coffeeshops. De hecho, por primera vez en varios de estos locales se reparte propaganda a favor de un partido político, la izquierda socialista (SP), que busca salir fortalecida para frenar en el Parlamento el temido weed pass, la credencial que todos los coffeeshops deberán suministrar en 2013 a sus clientes, sólo si son holandeses, como ocurre en tres distritos sureños, Limburg, Noord Brabant y Zeeland. Allí, miles de extranjeros provenientes de países limítrofes iban diariamente a comprar y consumir, y también a proveerse para luego revender en sus países.

Según explica Joachim Helms, gerente de Green House, entre el 80 y el 90 por ciento de sus clientes son extranjeros. “Un tercio de los coffeeshops está en Amsterdam. Y lo que la extrema derecha, los liberales y los democristianos no entienden es que la gente no sólo viene a fumar. También alquila bicicletas, come afuera, va a los museos”, detalla. Los números que acerca a Página/12 un lo-bbista que asesora en asuntos parlamentarios a un grupo de dueños de coffeeshops son impactantes: esos locales dejan, en impuestos al Estado, 450 millones de euros al año.

“El mercado negro ligado al cultivo de cannabis que provee a los coffeeshops maneja mil millones de euros; si se legalizara la producción en Holanda, y no sólo la venta como ahora, esa ganancia pagaría impuestos, algo importante en tiempo de crisis”, señaló el lobbista mencionado. La apuesta de los dueños de los coffeeshops es debilitar al ultraderechoso Partido de la Libertad (PVV), que impulsó el weed pass y también una norma que prohibirá, en 2014, que haya coffeeshops a 350 metros de escuelas. Hasta ahora se aplican reglamentaciones sobre publicidad, drogas duras, disturbios, minoridad, cantidad de marihuana en el local.

Estas faltas se castigan, la primera vez, con una carta de advertencia, pero si a los tres años no ocurre nada irregular, se vuelve a foja cero. En cambio, la primera reincidencia implica el cierre por una semana, la segunda dos semanas y la tercera, la clausura definitiva. Esta última medida se aplica de inmediato cuando se constata la existencia de drogas duras dentro de un local. “La idea que motivó la tolerancia a la venta de drogas blandas era que los jóvenes tuvieran un lugar controlado donde consumirlas y no se contactaran con dealers que oferten sustancias más peligrosas. Eso no está discusión”, asegura Helms.

Esta política de drogas resultó exitosa en el área sanitaria, algo que las autoridades actuales no desconocen. “El gobierno solicitó un informe al Instituto Trimbos y el Centro de Investigaciones y Documentaciones Científicas (WODC), que pertenece al Ministerio de Justicia. Ese informe se presentó en 2011 y destaca los avances en prevención y salud. Además se proponen nuevos debates e ideas para regular el mercado de cannabis. Pero el gobierno ignoró todas estas conclusiones”, dice Martin Jelsma, especialista del Transnational Institute (TNI).

Otro aspecto que resaltó Jelsma es que la Organización Mundial de la Salud encargó una investigación respecto de los usos medicinales del cannabis y el grupo de expertos, encabezados por Wim Scholten, pidió que se reclasificara el cannabis. “Concretamente, se pide que no se catalogue la marihuana como una droga dura, como ocurre también con la hoja de coca”, afirma este especialista, a cargo del programa Drogas y Democracia, que intenta plantear alternativas a la fracasada guerra contra las drogas.

La imposición del weed pass, coinciden las fuentes consultadas, sólo logrará que haya más dealers en las calles y se fortalezcan las mafias. “Es lo que ocurre en los tres estados donde se implementó el sistema, los mismos vecinos de esos lugares que impulsaron esta medida ahora están arrepentidos”, asegura Helms. Para el lobbista, la verdadera intención del gobierno actual es cambiar la matriz turística. “Sobre todo en Amsterdam. Quieren que sea como París, con turistas ricos dando vueltas por las calles y no jóvenes mileuristas”, comenta.

Si fracasan las tratativas, luego de las elecciones aún queda pendiente la decisión de la Corte Suprema de Holanda, donde debe resolverse si el weed pass viola la Constitución y los tratados internaciones que firmó el país por resultar discriminatoria. “Después de la Segunda Guerra Mundial y la persecución al pueblo judío en Holanda, nuestra Constitución tuvo una reforma para asegurar que ningún ciudadano, de este país o extranjero, sea segregado”, recuerda Helms. “Tenemos argumentos de peso”, observa.