El caso de Sapito Ruiz derivó en una serie de audiencias convocadas por el entonces juez de la Ciudad Roberto Gallardo, para dictaminar respecto de la ausencia de planes de emergencia de salud en villas y asentamientos. Días después de ocurrida la muerte, y cuando el caso derivaba en un escándalo, Gallardo hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, y dio un plazo de 72 horas al gobierno de Macri para disponer de un protocolo de atención de emergencias del SAME y que organizara un plan de protección de los profesionales, enfermeros, choferes, que prestan servicios de salud en esas áreas. En el fallo consideró el trato recibido por los vecinos de la villa como un ejemplo de “desidia, desorganización, prejuicio, xenofobia, racismo, incoherencia y desprecio”. El juez ordenó que el entonces ministro de Salud, Jorge Lemus, presentara ambos planes en una audiencia pública, a la que fueron invitados los delegados de todas las villas porteñas. A la audiencia, Lemus no asistió con parte médico. Al finalizar el debate, Gallardo decretó la intervención judicial informativa del SAME.