La Comisión Provincial por la Memoria distribuyó un comunicado en el que expresó su preocupación por la designación, “en virtud de los numerosos y documentados antecedentes de violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad en cárceles federales durante su anterior gestión”. El Cepoc agregó que “limitó la acción de las organizaciones de derechos humanos, la labor de la Procuración Penitenciaria y la presencia de la Universidad de Buenos Aires en las cárceles”. Y el procurador penitenciario Francisco Mugnolo recordó épocas de “conflictividad”, pero dijo tener “expectativas” de que ese retorno no signifique “un retroceso” sino un gesto encaminado a “repensar la acción penitenciaria”.