Fernando Geronés conduce desde hace casi cuatro años un municipio donde los pobres son ricos pero no lo saben. Ese es el caso de Mónica Carvonel e Hilario Cañetes, dos de los habitantes del barrio La Primavera, una de las villas de emergencia de Quilmes. Los dos eran dueños de Andrómeda SRL, una de las empresas proveedoras de servicios de la municipalidad y una de las compañías que había recaudado 3 millones de dólares con el sistema implementado por Geronés: evitaba las licitaciones, las reemplazaba por adjudicaciones directas fraccionando presupuestos y entregando el servicio a empresas fantasma. Eso hacía Andrómeda SRL con la provisión de servicios públicos. Mónica Carvonel y Cañetes no lo sabían, eran socios en las empresas fantasma de Quilmes.
La investigación comenzó por una denuncia del concejal de la oposición Rubén Vicente, ahora candidato a intendente. Vicente le presentó al fiscal Alfredo Samprón Noel de Quilmes un cúmulo de 19 órdenes de compra donde aparecían los nombres de ocho empresas que violaban sistemáticamente la Ley Orgánica de la comuna: “A partir de 97.246 pesos o dólares –dice–, la municipalidad estaba obligada a llamar a una licitación, pero para evitarlas contrataba siempre a las mismas empresas por montos menores”. El mecanismo beneficiaba a tres empresas: CISA, Andrómeda y Materpat. Entre los titulares aparecían los pobres más pobres de Quilmes, dueños de algunos planes Trabajar y supuestos testaferros de los funcionarios.