Durante el primer año y medio de gestión, el Programa sobre Políticas de Género de la Procuración mantuvo reuniones con las distintas fiscalías y la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema a partir de las cuales identificaron los principales obstáculos que presentan las causas de violencia de género. “A partir de ese espacio de intercambio entre el MPF, la OVD y las distintas fiscalías, de los múltiples requerimientos de intervención en las causas que reciben y de la articulación con otros organismos que trabajan en la temática, el Programa elaboró este material para contribuir a la tarea de investigación con una perspectiva sensible al género, con el objetivo final de garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia”, señaló a Página/12 Romina Pzellinsky, titular del Programa. Para la elaboración del instructivo que están distribuyendo a los fiscales para optimizar las investigaciones en hechos de violencia de género se tuvo en cuenta además un reciente estudio cualitativo realizado por la Defensoría General de la Nación, en el que se analizan decisiones judiciales que involucraban ese tipo de episodios en trámite ante la Justicia nacional en lo Criminal y Correccional. Ese estudio detectó la existencia de patrones comunes de actuación judicial vinculados con la falsa dicotomía entre lo público y lo privado, es decir, la visión de operadores de la Justicia de que el problema de la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico es un tema de la intimidad de la pareja, en el que no debe intervenir el Estado; la imposición a la víctima de la carga de impulsar la investigación, y la falta de exhaustividad en la investigación.