El proyecto de ley por el Derecho a la Identidad propone la creación de un Instituto Nacional para la Búsqueda de la Identidad de Origen y Biológica de las Personas, en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, como un órgano descentralizado con autonomía funcional y autarquía financiera, con el objeto de “promover acciones tendientes a la averiguación de la identidad de origen y biológica de las personas”.

También propone crear en el ámbito de ese Instituto el Banco Nacional de Datos Genéticos para la Identidad de Origen y Biológica de las Personas, con el objetivo de “registrar y almacenar información asociada a una huella genética a efectos de la aplicación” de esta ley. Aunque abre la posibilidad de habilitar para ese fin “el actual Banco de Datos Genéticos”, destinado a la búsqueda de víctimas del terrorismo de Estado, “para el aprovechamiento de recursos técnicos o humanos”.

La norma propone además que “el Estado nacional debe garantizar el acceso gratuito de todas las personas nacidas en el territorio nacional a toda la información relacionada con la búsqueda de la identidad de origen y biológica, que consten en los diversos registros de organismos públicos y privados, además de brindar los medios y los recursos necesarios a quienes presumiblemente se les haya suprimido o alterado su verdadera identidad”.

“El presente proyecto busca facilitar la tarea de aquellas personas que emprenden la búsqueda de su identidad de origen o biológica o la de algún pariente cercano, como consecuencia de desconocerla o de haberle sido sustraída”, dice la iniciativa en sus fundamentos. “Se calcula que cerca de tres millones de personas en nuestro país no conocen su identidad de origen o biológica –agrega–. Se trata de víctimas de uno de los delitos mas abyectos: la apropiación de menores.”