Marcelo Chancalay, uno de los principales acusados por la Justicia porteña por la toma que se inició en febrero pasado en el barrio Papa Francisco, y detenido en mayo luego de estar prófugo, para obtener su excarcelación se declaró culpable luego de dos meses de detención. Ayer aseguró que lo habían detenido injustamente y desandó todas las confesiones que había declarado meses antes.

Desde el Ministerio Público porteño aseguran que cuentan con pruebas de que Chancalay integró un grupo que fomentaba la toma para luego vender los lotes. A la fecha de la orden de detención, Chancalay integraba la lista de empleados del Ministerio de Desarrollo Social porteño. De acuerdo con el expediente, al que accedió en su momento Página/12, los fiscales habían pedido la detención de siete personas, en aquel momento, pero la jueza Gabriela López Iñíguez, la misma que actuó en el desalojo reciente, consideró que la orden de detención correspondía sólo a Chancalay, por su calidad de empleado porteño, lo que le permitió acceder a “información gubernamental de carácter sensible” relativo a la inminencia de obras de saneamiento en el predio que luego fue ocupado y finalmente desalojado.

Chancalay era integrante de una SRL y de varias cooperativas, entre ellas la Cardenal Samoré que, según López Iñíguez, en 2013 registró movimientos bancarios “abultados” y “extraños”. El ahora desconfeso Chancalay fue incorporado al estado porteño durante la gestión de Jorge Telerman, muy ligado luego al PRO y también cercano a Unen en las últimas elecciones.

Para disponer su detención, en aquel momento, la jueza tuvo en cuenta la escucha telefónica en la que le avisaban: “Desaparecé de Lugano. Cambiá el celular y no llames más”.