El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, se refirió al problema planteado entre originarios y los sectores criollos que desde hace cien años, como resultado de la Campaña del Desierto, se han asentado en las tierras que pertenecían a los pueblos indígenas. En ese marco, dio su visión sobre la causa en la que interviene, desde hace 17 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

–¿Cómo es la relación del Estado nacional con los pueblos originarios?

–El proceso, desde que yo asumí el cargo, pasó por una discusión previa frente a un conflicto territorial en el departamento Rivadavia, un conflicto territorial de 30 años por las disputa de 600 mil hectáreas entre criollos y pueblos originarios. Eso derivó en la causa denominada La Cajonal contra el Estado argentino. La prioridad es buscar una solución amistosa. Es un caso que puede generar un problema muy grande para la Argentina porque llegó a la CIDH, pero a la vez podría derivar en una solución amistosa muy importante para los habitantes de ese departamento.

–¿Cuál es la postura del gobierno nacional?

–Lo que queremos es generar un debate sobre la situación de estos pueblos que fueron, son y ojalá que podamos lograr que dejen de serlo, muy vulnerables en cuanto a derecho y a inclusión social. Ha sido culturalmente muy difícil para los gobiernos poder integrarlos a través del trabajo y del acceso a los servicios y recursos que tiene hoy la sociedad. Hay estándares nacionales e internacionales sobre los modos tradicionales de vida de los pueblos originarios que queremos y debemos respetar. Por eso fue difícil en Argentina tener políticas de Estado claras respecto de estos pueblos, pero eso no quiere decir que sea imposible lograrlas. Tenemos que comprender cuáles deben ser las políticas de abordaje para solucionar y comprender los problemas históricos de estos pueblos.

–En 2006 se promulgó una ley, la 26.160, pero el problema sigue.

–La Ley 26.160 marcó un antes y un después porque evita los desalojos de los pueblos originarios, declarando la propiedad comunitaria de la tierra. Fue un proyecto de Alicia Kirchner cuando era senadora y con la ley se han reconocido más de cinco millones de hectáreas a los pueblos originarios y ahora falta un 40 por ciento más. La decisión política, a diferencia de los que muchos plantean, es cumplirles a los pueblos originarios el derecho que tienen sobre sus tierras.

–¿Cómo se piensa avanzar en la búsqueda de una solución definitiva?

–Para el Estado nacional es muy importante superar el problema a través de soluciones amistosas. Hay un proceso de reconocimiento en materia de viviendas y servicios que se lleva a cabo y que ojalá no se detenga y que debe ser tomado por los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Sería lamentable, porque estamos llegando tarde, pero estamos llegando.

–En el centro de la escena está el conflicto entre criollos y originarios. Si bien hay criollos que tienen parecidas necesidades a las de los originarios, otros están instalados en extensiones de tierra que van mucho más allá de sus necesidades personales.

–El principio de solución al conflicto es la presencia del Estado, porque tiene que escuchar los reclamos de los dos grupos. El Estado es el regulador que debe mediar para evitar la conflictividad social. Nosotros vemos que muchas veces es evitable la acción judicial, es evitable recurrir a instancias internacionales. La solución a veces está en el hecho cotidiano de la convivencia, hay que analizar a fondo el problema y saldar conflictos culturales, étnicos y muchas veces prejuiciosos. Es un conflicto de más de cien años, cuando el Estado mandó a los colonos a ocupar esas tierras y eliminar a los pueblos originarios si era necesario. La solución no es sencilla. Hay que cumplir con los derechos de ambos sectores.

–¿La solución puede llegar por la vía internacional?

–Es una causa que tiene 17 años de litigio. En algunos casos ha sido importante el rol de la CIDH, pero en otros hemos criticado su intervención. En este caso está realizando una tarea rescatable porque ha venido dos veces al territorio, porque la hemos invitado para que no resuelva desde un escritorio un conflicto que tiene muchos años.

–¿Cómo actúa el gobierno nacional frente a provincias que, en vez de solucionar, han agravado el conflicto al tomar parte en favor de uno de los sectores?

–Cada provincia tiene su problemática y cada etnia la tiene, al igual que los pobladores criollos. No todos los criollos son terratenientes. El gran problema en la Argentina no son los criollos que son pequeños agricultores. El gran problema en la Argentina son los sectores de concentración de la riqueza que tienen una gran extensión territorial. Ellos son los que desplazan a los pueblos originarios de sus tierras y también a los campesinos. Creo que venimos trabajando en favor de los sectores vulnerables, que son los originarios y los campesinos pobres. El gobierno nacional tiene el tema en su agenda y busca el diálogo permanente con las partes. Queremos que las provincias se incorporen al trabajo para lograr que no se discuta más sobre el legítimo derecho de los pueblos originarios a tener su tierra. Lo que hay que ordenar es cuánta tierra les corresponde dadas sus necesidades y, una vez solucionado el problema, hay que trabajar en la integración, lo que no significa avanzar sobre su cultura pero sí tratar de generar que tengan una vida digna: comer todos los días, acceso a la salud pública para que no muera ningún hermano por causas evitables. Es el tiempo de lograr este objetivo.