La publicación de una foto de Junior en una revista y la presentación de un libro sobre la tragedia de esta ciudad avivaron aún más las heridas de las familias de los tres chicos asesinados. “El propio padre de Junior (miembro de una fuerza de seguridad) les había dicho a los docentes de la escuela que era un chico ‘inmanejable’ y por eso creemos que era previsible que pasara lo que pasó.” En una reunión que mantuvieron con el ministro Alberto Sileoni y su colega bonaerense, Nora de Lucía, luego del acto, la voz de Tomás Ponce, el padre de Federico, expresó a los familiares de las víctimas que siguen esperando una sanción para ocho docentes sumariados en su momento, aunque hasta hoy no se ha tomado ninguna resolución respecto de una eventual responsabilidad por no haber “sabido actuar a tiempo para evitar la tragedia”.

Los padres sienten que “nadie ha pagado por lo que pasó”, ya que Junior fue declarado inimputable por ser menor de edad –aunque estuvo confinado en un neuropsiquiátrico– y el padre del joven, que hoy tiene 25 años, miembro de una fuerza de seguridad, “tampoco tuvo ninguna sanción, salvo el pase a retiro, cuando él tuvo alguna responsabilidad porque el arma que usó Junior era su arma reglamentaria”.

El diálogo entre funcionarios y familiares fue amable, pero tenso; algunas de las mujeres presentes estallaron en llanto y señalaron que agradecían la presencia en el acto, pero que no querían “que esto se recuerde cada diez, quince o veinte años”. Solicitaron una pronta resolución de los sumarios abiertos desde 2005, meses después del hecho, y recibieron la promesa de “seguir conversando” el tema en el corto plazo.