“Hay varias causas en trámite, que incluyen delitos como amenazas con armas, robo y usurpación violenta de casas”, dijo una fuente judicial, en relación con las denuncias efectuadas por inmigrantes bolivianos que viven en la Villa 1.11.14. “La maniobra consiste en el ingreso veloz y violento a la casa: además de robar dinero y objetos, la ocupan e inmediatamente después la venden, o concretan una ‘venta’ pactada con anterioridad. Se efectuaron allanamientos, con participación de personal de Gendarmería, pero no dieron los resultaron buscados, ya que no fue posible encontrar a los actuales ocupantes de las viviendas, pese a que los procedimientos tuvieron lugar en diversos horarios. No se pudo encontrar a nadie en las casas, que sin embargo tenían signos de estar habitadas”, contó la fuente.

–¿Cómo lograron frustrar esos procedimientos?

–Es gente ya conocida a partir de causas anteriores, y ellos no desconocen el movimiento judicial; conocen la villa más que nadie, saben cómo moverse y qué esperar luego de haber cometido un delito de esta naturaleza –contestó la fuente judicial–. Luego de esos allanamientos, el juez volvió a remitir la causa a la fiscalía para que la investigación continúe.

–¿La precariedad de la acreditación de la propiedad de las casas complica la investigación?

–La prueba se dificulta porque es difícil que alguien pueda acreditar la propiedad: los denunciantes presentan papeles privados, como si se tratara de un teléfono o una licuadora. Por otra parte, los fiscales se han reunido varias veces con Gendarmería y Policía Federal para tratar de prevenir estos hechos, pero son manzanas muy complicadas.

Intervienen la fiscalía de Nueva Pompeya y Parque Patricios, a cargo de Marcelo Munilla Lacasa y Adrián Giménez, y el juzgado de instrucción 22, a cargo de Guillermo Rongo.