Si el mito de que la Justicia es ciega se cumple precisamente porque no viendo es que beneficia al que más tiene, el fallo de un tribunal de Quilmes compuesto por tres mujeres de clase media condenando a perpetua a otra mujer prácticamente desclasada demostró que en ocasiones, cuando mira, la Justicia puede alcanzar altos niveles de miopía.

La Justicia tiene mirada oblicua. No se trata de que por ser pobre alguien tenga derecho a matar, muletilla habitual de quienes creen encontrar ese sentido para discutir lo que denuncian como garantismo, como si las leyes no debieran garantizar, sino ser el dedo índice acusador que previamente se muerde cual señal de vendetta. No se trata de permitir ni no sancionar la muerte. Se trata de decir que si se es de tez clara europea, de clase media, se vive en un barrio típicamente residencial, con servicios incluidas cañerías de aguas cloacales separadas de las del agua potable, luz, los tres servicios de cable, telefonía e Internet, trabajo, obra social y proyección de vida, demostrar que no se cometió un crimen tiene ciertas perspectivas de éxito. Ni siquiera importa el idioma. Si sólo hablara alemán, seguramente se le proveería de inmediato un intérprete.

Pero Reina Maraz nació en Bolivia, en un pueblito perdido, y fue trasladada a vivir a un horno de ladrillos por la recóndita cultura que la sujetó al marido. Maraz no tiene tez europea, sino la de sus víctimas, no es de clase media, sino que en su país ya era desclasada. No vivía en un barrio típico, sino en un horno de ladrillos. No tenía ABL, Alumbrado, Barrido y Limpieza, tres conceptos no propuestos por el Estado. Para colmo, no habla español. La ausencia de interés de la Justicia por comprender su propia ausencia al no proveerle de intérprete para que intente defenderse, sea culpable o inocente, hace poco interesante debatir después si la sentencia se basó en tal o cual argumento o jurisprudencia, en tal o cual prueba. La ceguera permitió olvidar la necesidad de intérprete y la miopía concluyó la faena.