El CELS sostuvo que la única “justicia que avanza” es la “criminalización de referentes sociales”. Mencionó lo ocurrido con la persecución penal sufrida por Diosnel Pérez y Luciano Nardulli, imputados sin pruebas de “organizar” la toma del Indoamericano. Ambos fueron llevados a juicio oral por el Ministerio Público Fiscal porteño, a pesar de dos sobreseimientos previos. Los dos fueron finalmente absueltos en el juicio oral, donde se confirmó que no había contra ellos ninguna prueba.

La situación se repitió en relación con la toma del barrio Papa Francisco porque desde el inicio el gobierno porteño intentó instalar la idea de que el asentamiento era “un refugio de narcotraficantes”. El fiscal Carlos Rolero pidió “escuchas telefónicas y allanamientos” en la Villa 20 para imputar a once personas. Sólo fue detenido Marcelo Chancalay, un hombre con “fuertes contactos políticos” con el Gobierno de la Ciudad.