Por Enrique Oteiza *

La emigración de nativos y extranjeros de la Argentina, durante el último medio siglo, se ha producido en oleadas; los momentos de mayor expulsión han coincidido con las dictaduras militares y más recientemente con la profunda crisis económica, social y política experimentada por nuestra sociedad. Quienes emigraron a raíz de esta crisis sufrieron al llegar a algunos de los países centrales los efectos de nuevas políticas inmigratorias crecientemente limitativas, inspiradas en la actual Doctrina de Seguridad Internacional impulsada por el gobierno de los Estados Unidos. Los migrantes ya no son vistos como trabajadores, personas con derechos humanos fundamentales sino, de manera reduccionista, como amenaza terrorista potencial. Salvo los inmigrantes que están en condiciones de acceder legalmente a dichos países (por ejemplo, personas altamente calificadas, parte del drenaje de cerebros o residentes argentinos con doble nacionalidad), el resto de los provenientes de la periferia se ven obligados a ingresar como turistas o estudiantes, quedando luego en la categoría de indocumentados, con la inseguridad y explotación que esa situación conlleva. Los “inmigrantes argentinos” que sufren esa experiencia al llegar a países como España e Italia resienten también la falta de reciprocidad y solidaridad histórica por parte de sociedades desde donde anteriormente salieron corrientes de masivas de emigrantes que vinieron a nuestro país.
La formulación de una política exterior que se proponga la protección de los derechos fundamentales de los expatriados argentinos, similar a la que existe en otros países, lleva a preguntarnos ¿y por casa cómo andamos? La respuesta es desalentadora. A 20 años de 1983 sigue en vigencia la Ley General de Migraciones (Ley Videla) de 1980, inspirada en la Doctrina de Seguridad Nacional de entonces, violatoria de derechos humanos establecidos en nuestra Constitución. La política inmigratoria argentina, además de no respetar las garantías constitucionales, ilegaliza a través de un sistema de preferencias a numerosos inmigrantes latinoamericanos, a quienes coloca en la condición de indocumentados, estigmatizándolos como si fueran delincuentes. Cabe recordar que la inmigración proveniente de países vecinos no es un fenómeno nuevo, como se la presenta, sino que ha existido desde los orígenes de nuestro país y aun antes (los censos nacionales de población son claros al respecto). Por el contrario, la preferencia por la inmigración europea –que llegó masivamente entre 1880 y 1950– ha sido claramente establecida en nuestra política inmigratoria ya desde la Constitución de 1853, otorgándole de esta manera un carácter legal.
El momento actual, en el que se están encarando importantes cuestiones pendientes, es propicio para el replanteo de la política migratoria. Por primera vez desde el ‘83 existe un Proyecto de Ley de Migraciones acorde con los derechos fundamentales incorporados a la Constitución, que cuenta con despacho favorable de la Comisión de Población de Diputados. También ya entró en vigencia la Convención Internacional de las NU sobre la Protección de los Derechos Humanos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. La sanción de una nueva ley de migraciones sobre la base del proyecto mencionado y la ratificación de dicha convención permitirían superar las serias deficiencias en materia de política migratoria que se arrastran desde el siglo XIX. Los avances normativos deben ser acompañados por una revisión profunda de las reglamentaciones y prácticas político-administrativas existentes, de carácter burocrático-autoritario. En cuanto a una nueva amnistía que alcance a los inmigrantes provenientes de los países vecinos y el Perú (zona Mercosur ampliada), similar a las dos ya otorgadas después de 1983, si bien se trata de una medida paliativa, su otorgamiento facilitaría la vida en todos los aspectos de numerosas familias trabajadoras radicadas de hecho en nuestro país. Su carácter actual de indocumentados los somete ainhumanas formas de explotación y arbitrariedad. La amnistía no debe usarse como pretexto de posponer una vez más las soluciones de fondo de tipo normativo y administrativo antes mencionadas (nueva ley de migraciones y ratificación de la convención de la NU sobre DD.HH. de los inmigrantes).
La revisión rápida de la actual política inmigratoria argentina, heredada de la última dictadura, habilitará a nuestro gobierno para formular una política coherente que apunte a defender los derechos fundamentales de los argentinos radicados en el exterior, protegiendo igualmente a los inmigrantes que se establezcan en nuestro país e impulsando así el proyecto latinoamericano de integración regional en materia migratoria.

(*) Profesor e investigador de la UBA. Presidente del INADI.