SOCIEDAD • SUBNOTA
› Por Darío Aranda
Neuquén cuenta con antecedentes recientes de resistencia a la megaminería. En 2011, el Movimiento Popular Neuquino (MPN), que gobierna la provincia hace cincuenta años, autorizó a una compañía china a instalarse para explotar un yacimiento en cercanías de la localidad de Loncopué (en el oeste provincial). La comunidad se organizó y realizó un plebiscito en junio de 2012. Ocho de cada diez rechazó la megaminería. El director de Minería de Neuquén, Carlos Portilla, minimizó los posibles riesgos de la actividad de la Southern Copper y prometió que no habrá contaminación. El gobernador, Jorge Sapag, fue más allá: “Neuquén es una provincia minera. Hay que estudiar el proyecto”. El informe de impacto ambiental que la minera presentó para exploración afirma que obtuvo el visto bueno de la comunidad mapuche Felipín. Pero Juan Romero, de la comunidad, lo desmintió terminantemente y anunció que iniciarán acciones legales contra “el mentiroso informe ambiental”. Romero precisó que se debe cumplir el Convenio 169 de la OIT, tratado internacional vigente en Argentina, que obliga a consultar a las comunidades.
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