Uno de los problemas más graves señalados por los especialistas reunidos con Página/12, tiene relación con la atención a las adicciones en la ciudad de Buenos Aires. “Desde hace años venimos reclamando que la Dirección de Adicciones esté en la órbita de Salud Mental, pero a pesar de los reclamos que se han hecho, de los proyectos de declaración presentados en la Legislatura porteña, sigue estando en la órbita de Desarrollo Social y eso es un despropósito”. La Ley de Salud Mental dice que el jefe de Gobierno debe crear “un programa interministerial” con participación de los ministerios de Educación, Salud, Justicia, Seguridad, Desarrollo Social, pero “como no se llegó a ningún acuerdo, quedó en el área de Desarrollo Social”.

“El problema es que Desarrollo Social tiene a su cargo 23 Comunidades Terapéuticas para la atención de pacientes, en el marco de una política privatista, porque además, esos centros se encuentran, en su mayoría, en la provincia de Buenos Aires.” Esta situación constituye, según la opinión de legisladores y especialistas, “una violación grave a los derechos de los pacientes que están internados allí, porque los familiares no los pueden ir a visitar y donde nosotros, como asesores de los diputados, no podemos entrar para tomar conocimiento del tratamiento que reciben”.

Denunciaron que eso hace posible que “cada comunidad terapéutica se maneje con el método que ellos quieran, sin ningún control, de manera que se aplican modelos represivos que han tenido consecuencias graves, como el caso del suicidio de un joven que se ahorcó en 2009”. El destino habitual de los pacientes son esas comunidades privadas porque Salud “sólo cuenta con cuatro dispositivos propios que dependen, en materia presupuestaria, de los hospitales generales”.

“Uno de ellos es El Encuentro, en Curapaligüe y Cobos, que al no tener presupuesto propio, depende de la buena voluntad del director del hospital bajo cuya jurisdicción se encuentra”, explicaron los entrevistados. Esa dependencia “genera una complicación para la persona que está internada”. Otro problema es que los familiares “muchas veces no saben que la internación depende de Desarrollo Social, que está en la calle Piedras y es el lugar donde le hacen la entrevista al paciente, para decidir después si debe ser internado o no”.

El problema central es que la evaluación es realizada por personas que “no tienen capacitación en adicciones”. De esa manera se incumple una norma marcada por la lógica, que está contemplada en la Ley Nacional de Salud Mental y que señala que “todas las personas que tienen consumo problemático de sustancias tienen los mismos derechos que las personas que tienen problemas de salud mental”.

Esa norma dictada por la lógica y por la ley, no se cumple muchas veces porque “los efectores de salud no reciben la formación necesaria y los pacientes son atendidos por personas que no están capacitadas en el área de Salud Mental y no los atienden o se los rechaza directamente”. Aclararon, además, que “aún en el caso de que la mayoría de los psicólogos los admitan, el problema de todos modos sigue presente porque no cuentan con los elementos necesarios para darles la atención que corresponde porque hay una política de desmantelamiento producto de la mercantilización que atenta contra la salud pública”.