La lucha contra el narcotráfico en América latina se convirtió en una “guerra contra las mujeres más pobres” porque afrontan altas penas por el transporte de drogas, afirmó Catalina Pérez, del Centro de Investigación y Docencia Económica (Cide) de México. Pérez, que tomó como base una investigación regional sobre ese delito que pone de relieve políticas argentinas de género en las cárceles, sostuvo en la entrevista que “hay una gran proporción de mujeres en la cárcel por drogas y ello implica un problema a la hora de aplicar la ley. Es una guerra contra las mujeres más pobres y vulnerables de nuestra sociedad”.

La especialista hizo un análisis de género sobre el informe del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho, que contó con la participación del CIDE y la Cámara de Diputados de México. En el trabajo se determinó que las mujeres encarceladas por drogas varían del 24 por ciento del total de presas en Uruguay, al 75 por ciento en Costa Rica.

En Argentina, las detenidas por delitos vinculados con las drogas son el 65 por ciento de las presas; mientras que en México llegan al 44,8 por ciento de las encarceladas en prisiones federales, y al 14,2 por ciento de las detenidas en centros locales. En Perú y Brasil, las privadas de libertad a causa del narcotráfico representan el 60,6 por ciento del total poblacional, en ambos casos.

“En la aplicación de las normas en el delito de drogas, las mujeres son mucho más vulnerables a ser aprehendidas y castigadas; y las conductas que normalmente realizan llevan aparejadas sentencias mucho más largas”, resaltó Pérez. Sobre el tema, explicó que “en el mercado del tráfico de estupefacientes, la mayoría de las mujeres trabajan como mulas –transportando drogas dentro y fuera de un país–, lo que conlleva penas altísimas” para castigar ese delito.

Para la investigadora “quienes legislan se imaginan a una persona que está transportando drogas, quizás en un camión, en grandes cantidades; no imaginan una mujer pobre que se metió unas cápsulas de cocaína en el cuerpo”. En el organigrama del narcotráfico, ellas “tienen las de perder por dos razones: muchas veces tienen que cometer los delitos con peores penas y, a la vez, son fácilmente reemplazables, por lo que su detención no implica algo relevante para la organización”.

Las mujeres comparten perfiles similares, ya que “provienen de familias pobres, tienen un nivel educativo bajo y, en muchas ocasiones, son también madres, en su mayoría solteras o con la pareja en prisión”. Además “a diferencia de los hombres presos, son abandonadas por sus familias, pues socialmente se considera más reprobable que una mujer delinca” a lo que se suma “la delicada situación de vulnerabilidad en la que quedan los hijos de estas madres”.

Pérez identificó algunas buenas prácticas en países como Argentina, donde se aplica un programa de arresto domiciliario que incluye a madres y mujeres embarazadas. El estudio, que contempló la situación de hombres y mujeres detenidos a causa de drogas, se hizo en base a la situación en Ecuador, Bolivia, Perú, Costa Rica, Brasil, Colombia, Uruguay, Argentina y México.