La canciller Susana Malcorra encabezará la delegación argentina en la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU (Ungass) sobre drogas. También viajarán a Nueva York la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, además de funcionarios del área y legisladores oficialistas y opositores. El Gobierno se alejará de las posturas que plantean la necesidad de despenalizar el consumo de algunas sustancias ilícitas. La posición que llevará el país al foro internacional suena ambivalente: en el documento oficial al que tuvo acceso Página/12 se enumeran una serie de compromisos con un enfoque de derechos humanos y hasta con la incorporación de la perspectiva de género para enfrentar el problema de las drogas en el país, y se reconoce el valor de las políticas de reducción de daño, pero no se avanza mucho más que en una enunciación de buenas intenciones. Pero esos compromisos parecen contradecirse con la política de derribo de aviones, anunciada por el Gobierno y la mayor asociación con la DEA desplegada por la gestión macrista. “La postura refleja ambivalencia: afuera un espíritu moderado, adentro, un enfoque de mano dura”, sintetizó un académico, estudioso del tema, consultado por este diario.

En una carta conjunta enviada el jueves a las ministras Malcorra y Bullrich, el CELS, Intercambios –ONG que trabaja en la problemática de drogas con enfoque en la salud– y el Grupo Convergencia, un núcleo de especialistas sobre temas de seguridad, defensa y relaciones internacionales, advirtieron que “será difícil desarrollar políticas que coloquen al ser humano, a la salud y a los derechos humanos en primer plano si no se modifica” el encuadre punitivo, “con la policía y el sistema penal como actores privilegiados”. “Esto implica, entre otras cuestiones, revisar la penalización del consumo y analizar experiencias y posibilidades de intervención estatal en los mercados de drogas. Al mismo tiempo el sistema de justicia debe articular respuestas proporcionales para los delitos menores relacionados con las drogas. Hoy el sistema penal actúa focalizándose en los más débiles, sin alterar las dinámicas de los grandes actores del tráfico”, señalaron las entidades.

En diálogo con este diario, Manuel Tufró, coordinador del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Cels, señaló las contradicciones de la posición oficial. “El gobierno de Macri, sobre todo a través de las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, adoptó una retórica bélica y tomó algunas medidas preocupantes. Al mismo tiempo, otras agencias como Sedronar presentan discursos y propuestas que van en otro sentido, promoviendo abordajes sociales integrales en lugar del uso del sistema penal. El problema es que estas dos perspectivas inevitablemente terminan colisionando, como ya ocurrió en el gobierno anterior”, observó Tufró.

En ese sentido, advirtió que “ese choque suele darse a nivel territorial, en los barrios pobres, cuando las estrategias punitivistas ejecutadas por policías corruptos y violentos terminan jaqueando las intervenciones sociales pensadas en un sentido inclusivo”. Al mismo tiempo, señaló, “en los últimos foros internacionales Argentina adoptó un discurso más prudente, se distanció de los países más duros, proponiendo políticas integrales y un énfasis en el abordaje social de los problemas relacionados con las drogas, aunque sin apoyar las iniciativas de los países más comprometidos en lograr un cambio en el régimen internacional de control de drogas como Colombia, Guatemala, México”.

–¿Cuáles son las decisiones que consideran más problemáticas adoptadas por el Gobierno en este tema?

–En primer lugar, la declaración de la emergencia en seguridad, que coloca al narcotráfico en el lugar de “amenaza a la soberanía nacional”, supuestamente por su carácter trasnacional. Esto abre una puerta para justificar intervenciones de las Fuerzas Armadas, y de hecho el decreto habilita esta intervención, de modo limitado, al autorizar el derribo de aviones “hostiles”. En segundo lugar, la política de acercamiento a las agencias norteamericanas que manejan estos temas, para lograr acuerdos de cooperación. La experiencia de otros países muestra que estos acuerdos de cooperación terminan siendo el modo en el que la DEA y otras agencias asumen el control efectivo de las políticas de drogas domésticas. Estas agencias son las que promueven el paradigma de las “nuevas amenazas” y el uso de las FF.AA. en asuntos de seguridad interior. En tercer lugar, intervenciones como la de la semana pasada en la Villa 31, con un gran despliegue de cuerpos de elite, operativos de gran visibilidad que redundan en la detención de pequeños vendedores. Estos operativos no son una novedad, ya habían sucedido en la administración anterior. Hoy van acompañados del anuncio de un “Plan Barrios Seguros” que hasta ahora es un slogan, no se sabe en qué consiste.

–¿Es un problema real el narco en la Argentina?

–No es “un” problema, sino un conjunto de problemáticas. Algunas pueden estar interrelacionadas, pero las soluciones que se necesitan son diversas y complejas. Y en ningún caso esa solución es una guerra. Hay problemas de lavado de dinero, problemas de rutas de entrada y salida de drogas con destino a mercados del primer mundo. Y hay problemas de circulación de violencias en barrios pobres, en los que las redes de ilegalidad cumplen un papel, pero hay otros aspectos a tener en cuenta, como la violencia policial, la amplia circulación de armas entre la población, violencia de género y otras manifestaciones de violencia que no responden necesariamente a los mercados ilegales. Todos estos otros problemas quedan invisibilizados si se los simplifica como “la amenaza narco”.

–¿Cómo debería enfrentarse? ¿Desde qué perspectiva?

–La cuestión de las drogas debería encararse desde una perspectiva de salud y reducción de daños, analizando además experiencias de otros países, como la despenalización del consumo o la regulación estatal, para evaluar sus posibles beneficios. El tema del narcotráfico requiere una serie de medidas a mediano y largo plazo, entre las que se cuentan la profesionalización y el fortalecimiento de las capacidades de investigación de policías y fiscales, intervenciones territoriales multiagenciales tendientes a reducir la violencia y prevenir el reclutamiento para tareas de narcomenudeo, y una profunda reforma policial que avance sobre la regulación ilegal que las fuerzas de seguridad ejercen sobre distintos mercados. Al mismo tiempo, si no se interviene sobre las connivencias que existen dentro del Poder Judicial y del sistema político no habrá avances significativos.