Antes del lanzamiento de la campaña del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, el director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier, el presidente de la Asociación de Pensamiento Penal (APP), Adrián Martín, y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) anunciaron que se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como amicus curiae (amigos del tribunal) en la causa contra Lucas Abel Vera.

El caso comenzó con la detención de Vera, en 2014, durante un operativo de verificación de identidad realizado por la Policía Federal en Constitución. El Cels, la APP y la ADC se presentaron ante la Corte Suprema Nacional para poder intervenir en el cuestionamiento al fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño en razón de la “gravedad institucional” de la restitución de las facultades policiales.

En el acto realizado ayer, el defensor general adjunto en lo Penal Contravencional y de Faltas, Luis Duacastella, resaltó la “trascendencia pública del caso (Vera), por el impacto y retroceso que significa en la vida democrática de nuestro país que las autoridades policiales puedan detener personas sin orden judicial y con procedimientos discrecionales, restringiendo derechos fundamentales de los ciudadanos”. Duacastella resaltó que esa situación fue la que “determinó que estas entidades defensoras de los Derechos Humanos se presentaran en la causa”.

Duacastella recordó que, al dictar su fallo a favor de las facultades policiales, el TSJ porteño revocó dos fallos de la justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, que había anulado el operativo en el que Lucas Vera fue detenido al sostener que “la policía no se encuentra autorizada a impedir la libre circulación y de exigir la exhibición de documentación si no cuenta con un motivo válido para hacerlo”.

El joven, que ya fue liberado, al ser interceptado por la policía para su identificación, sin motivo alguno, informó a los agentes que llevaba consigo un arma de fuego y por esa razón fue detenido. Lo que se cuestiona en el caso es la facultad policial de pedir el DNI sin causa.