El impacto de la criminalización del aborto sobre el cuerpo y la vida de las mujeres será uno de los ejes sobre el que deberá, seguramente, rendir cuentas la delegación oficial, en su examen ante el Comité de la ONU sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés). Las expertas del Comité saben que pese al marco legal argentino, la realidad en el país se acerca mucho a la de los contextos legales en que el aborto está totalmente prohibido. Lo dice el informe “sombra” que aborda esta problemática, presentado en Ginebra, y que fue elaborado, entre otras ONG, por el CELS, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), y el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 
El documento señala que “a lo largo de los años, la práctica del aborto legal ha sido sistemáticamente inaccesible para miles de mujeres, adolescentes y niñas que habitan la Argentina, violando sus derechos humanos a la privacidad, salud, de ser libre de trato cruel, inhumano y degradante, y de no ser sujeta a discriminación y, en algunos casos, hasta el derecho a la vida”.
Son “muchos y diversos” los obstáculos que enfrentan mujeres y niñas para ejercer sus derechos, enumeran las ONG: el uso abusivo de la objeción de conciencia de los efectores de salud; la excesiva judicialización de una práctica sanitaria para dilatar y obstaculizar los abortos; los requerimientos dilatorios previstos en protocolos dictados en cumplimiento de la exhortación de la Corte Suprema en su fallo FAL de 2012, pero que no cumplen con los estándares fijados por el máximo tribunal; los sistemas de salud discriminatorios que repelen a mujeres y niñas a través de comentarios reprobatorios del personal hospitalario, la mala fe de los proveedores de salud y funcionarios públicos; la violación de la garantía del secreto profesional; el hostigamiento y persecución a mujeres y niñas; la influencia de la Iglesia sobre los gobiernos nacional y locales; la falta de reconocimiento normativo expreso de las prestaciones sanitarias que demandan los casos de aborto no punible como prácticas esenciales del servicio de salud. “Todas éstas son estrategias dilatorias que operan en contra del derecho al aborto legal y someten a las mujeres y niñas a situaciones de violencia institucional”, apuntaron las ONG.