“Sabemos que el paro y la movilización tuvieron un fuerte impacto en la comunidad internacional. Creemos que eso generará presión internacional al Estado argentino para la definición de políticas públicas no solo enfocadas a las mujeres en su condición de víctimas de violencias. Lo que pretendemos subrayar además, es que existe un conjunto de desigualdades estructurales –económicas, sociales, políticas– entre varones y mujeres que explican cada nuevo hecho de violencia de género”, señaló a PáginaI12 Laurana Malacalza, coordinadora del Observatorio de la Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, una de las especialistas argentinas que viajó a Ginebra para participar el lunes de la reunión con las expertas del Comité de la ONU sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), que al día siguiente examinarán la situación de los derechos de las mujeres en la Argentina. “Por eso, reclamamos políticas integrales es decir, garantizar el acceso de las mujeres a la tierra, a la vivienda y al empleo formal. O medidas que equiparen la responsabilidad en las tareas de cuidado entre varones y mujeres, por ejemplo, en las licencias laborales, en la creación de lugares públicos para garantizar el cuidado de lxs niñxs. En la provincia de Buenos Aires la reglamentación de la ley de cupo trans se lleva a cabo en un contexto de despidos de empleadas y empleados públicos y de congelamiento de vacantes definido por decreto de la gobernadora”, agregó Malacalza. El OVG junto a otras 17 ONG que trabajan por los derechos de las mujeres, elaboraron uno de los informes “sombra”, de 26 páginas, que tienen en sus manos las integrantes del Comité.
–¿Cuáles son los principales cuestionamientos en relación al acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia?
–Insistimos en que deben existir áreas especializadas en el Poder Judicial. A contramano de este reiterado reclamo, el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal que impulsa el gobierno nacional no contempla a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). Está áreas son fundamentales para cumplir desde el Estado con la obligación de investigar y sancionar los delitos con perspectiva de género. Al no existir áreas específicas ni directrices claras, nos encontramos con situaciones como las de la provincia de Buenos Aires, donde los funcionarios judiciales se resisten a caratular como femicidios las investigaciones por homicidios de mujeres en contextos de violencia de género. También las mujeres encarceladas tienen serios problemas en el acceso a la justicia, porque hay resistencia de parte de los funcionarios judiciales de otorgar medidas alternativas a la prisión y cuando las otorgan no son acompañadas por políticas sociales. Este conjunto de medidas requiere de un fuerte compromiso presupuestario del Estado nacional y las provincias. Confiamos que estos señalamientos que haremos en el plano internacional sean considerados también por los y las legisladoras que están evaluando el presupuesto del año próximo.