Hasta mediados de los ochenta, pocos países tenían una legislación explícita sobre acoso sexual. Sin embargo, desde principios de la década de 1990 cada vez más países fueron incorporando legislaciones que sancionan este tipo de violencia laboral. Actualmente, unas cuarenta naciones han adoptado normativas específicas. En Canadá y Estados Unidos se ha encuadrado el tema con una forma de discriminación por sexo; la Comunidad Económica Europea la entiende como una condición de trabajo asimilable a las peligrosas e insalubres y en otros países se la considera como violencia contra las mujeres.
Hubo sentencias millonarias como la que dictó en 1999 un jurado federal de Estados Unidos, por la cual ordenó a la fábrica Mazda de automóviles a pagar a una ex empleada de su planta de Miami 4,4 millones de dólares. El jurado señaló que 3 millones de dólares correspondían al daño emocional y al sufrimiento infligido a la mujer y 1 millón más por la negligencia de Mazda, 390.000 por sueldos perdidos, y 20.000 por futuros gastos médicos y psicológicos o psiquiátricos.