Después de los incidentes, la Justicia de Tres Arroyos presentó una denuncia penal contra los ex jefes policiales. Los acusan de haberse “autoacuartelado” y de una “premeditada” desprotección a los funcionarios judiciales y a la población. Anoche, veinte personas aún permanecían detenidas por los destrozos producidos después de la protesta organizada por familiares y amigos de Cristian Gonzalo Ferreti, asesinado en medio de una pelea a la salida de una discoteca. Aunque el abuelo del chico habló de “infiltrados”, la fiscalía aseguró que no hay elementos para vincularlos con una organización política. Felipe Solá, en medio de la gira presidencial por China, salió a respaldar a su ministro de Seguridad y le bajó el tono a la protesta. Según el gobernador bonaerense, lo que pasó en Tres Arroyos no está relacionado con otros casos de violencia.
El lunes, el fiscal de Tres Arroyos Carlos Facundo Lamblé y un juez terminaron golpeados por un grupo de manifestantes que los obligaron a sumarse a la marcha. Lamblé acusó ayer a la policía de una inacción deliberada. “Hubo una falta de previsión y una inacción premeditada de la policía, en los órganos de decisión de la policía, para evitar que esto sucediera”, dijo en declaraciones radiales.
La denuncia penal alcanzó al ex jefe de la Departamental de Bahía Blanca, el comisario inspector Juan José Mazza, y el comisario de Tres Arroyos, Oscar Alberto Ortiz. Los policías fueron desplazados por el ministro de Justicia, León Arslanian, después de los desmanes producidos el lunes. Según Lamblé, los funcionarios judiciales y la población estaban “desprotegidos”: “No había un policía, un patrullero en toda la ciudad. La policía estaba autoacuartelada y resguardada detrás de los portones de la seccional”.
Tras los incidentes, se determinó que un grupo de 30 jóvenes provocó destrozos en el Colegio Nacional, la Municipalidad y la plaza principal de Tres Arroyos. Entre los 20 que permanecían detenidos, 14 son menores de edad y “no tenían nada que ver con Cristian”, según sus amigos y familiares que ayer se reunieron con autoridades comunales y policiales para pedirles protección en los boliches. La fiscalía, en tanto, les tomó declaración indagatoria a seis detenidos. Según el fiscal, no hay elementos para vincular a la gente con alguna agrupación política.
“Desde China –dijo Solá–, yo sólo puedo respaldar la gestión de mi ministro y atender sus razones cuando se me hace un planteo de ese tipo.” En declaraciones a la prensa en Pekín, Solá dijo que “la pueblada es coincidente en el tiempo, pero no tiene nada que ver con otras circunstancias (que ocurrieron) en otros lugares”, donde se produjeron incidentes violentos.