La serie de allanamientos que llegó hasta el despacho de Aldo Rico y la casa del ahora ex jefe de la Bonaerense es en realidad una derivación de la “causa madre” por el escándalo de los prostíbulos apañados en San Miguel. Los fiscales federales que en julio de 2000 comenzaron la investigación sobre la red de prostitución controlada por Vicente Serio -ahora desvinculado de la pesquisa sobre las coimas– no entienden la lógica de las nuevas medidas. En el ámbito de la justicia federal creen que las pruebas recogidas hace tiempo en la investigación eran más que suficientes para juzgar e indagar como imputados por cohecho a todos los allanados el martes. Y lo piensan así desde fines de 2000, cuando la Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento de Vicente Serio y, después de declararse incompetente, trasladó todo el expediente a la Justicia ordinaria.
Ayer, cuando los investigadores de la causa madre supieron que se habían ordenado nuevos allanamientos, no lograban entender las razones profundas. Uno de los integrantes del equipo de fiscales federales dirigido por Jorge Sica confió en estricto off the record su propia hipótesis: “Todo esto no apunta a la cúpula policial, va más allá”. Después, arrojó sus sospechas: “Acá se está intentando producir nuevas pruebas allanando casas después de dos años: ¿qué pretendían encontrar? ¿plata guardaba bajo el colchón? Las pruebas ya fueron producidas: y la clave está en la famosa libreta de Vicente Serio”.
La famosa libreta era la agenda de Serio. Ahí escribía los nombres de quienes pasaban a cobrar el dinero destinado a la cobertura política y policial. La agenda cayó en manos del juez Alberto Suares Araujo los primeros días de julio de 2000, durante los allanamientos en los tres cabarets donde regenteaba a 34 mujeres, y entre ellas a siete paraguayas menores de edad. Vicente Serio fue detenido esa misma noche acusado de privación ilegal de la libertad y promoción a la prostitución. En su libreta estaban los nombres del secretario de Gobierno de Aldo Rico, Oscar Zilocchi; del presidente del Concejo Deliberante de San Miguel, Carlos Pérez, y también el de un agente de la Departamental dirigida por D’Angelo, encargado de recoger el dinero. Para los fiscales, las pruebas bastaban también para indagar a Rico y a D’Angelo como partícipes por “omisión o por acción”.
Con el cúmulo de pruebas recogidas, el juzgado de Suares Araujo abrió causas por cohecho, privación ilegítima de la libertad y narcotráfico. Sólo una parte de esas causas y la investigación completa por el supuesto delito de narcotráfico sigue en manos de la justicia federal. El resto fue derivado a la justicia ordinaria. La decisión corrió por cuenta de la Cámara de San Martín. Según el Tribunal, el fuero federal no estaba habilitado técnicamente para juzgar por coimas a los policías de la provincia ni a los funcionarios municipales. Confirmó en cambio la competencia para indagar por ese caso a los agentes de una Delegación de Policía Federal de San Miguel y personal de Migraciones.
En la causa abierta por narcotráfico aún no hay líneas que conecten los nombres del riquismo ni de la Bonaerense con los de Vicente Serio. Aún así, en ese ámbito las investigaciones avanzan en busca de nuevas pruebas.