La jueza María Angélica Crotto, que interviene en la causa sobre la tragedia de República Cromañón, resolverá en las próximas horas la situación procesal del único detenido, Omar Chabán. El empresario podría ser procesado por el delito de “homicidio con dolo eventual”, que está castigado con una pena de hasta 25 años de prisión, si la jueza accede al pedido del fiscal. El defensor de Chabán se había pronunciado por la figura de “estrago”, que tiene una pena de 20 años. Por otra parte, un grupo de familiares se reunió con el ministro del Interior para saber cuáles serán los estudios jurídicos que los van a representar, y que fueron propuestos por el gobierno nacional, que se hará cargo de los honorarios.
El plazo para que Crotto se defina vence hoy, pero el código de procedimientos le permite tomarse más días. Uno de los abogados querellantes en la causa fue informado en el juzgado de que el plazo se vencía el 21 de este mes.
Pese a que el informe presentado por el perito psiquiatra Miguel Maldonado reveló que Chabán “no exterioriza culpa”, su abogado aseguró que “lloró mucho”, incluso delante del fiscal y de la jueza, y que demuestra “angustia”. El letrado contó: “Cuando lo visito lo veo muy arrepentido, con un profundo dolor, está en duelo, lo veo con la Biblia y entristecido por lo que pasó”. En cuanto a Yamil Chabán, hermano de Omar, el letrado no pudo confirmar si participaba de la sociedad dueña de Cromañón o locataria, pero reconoció que “estaba trabajando como empleado en el bar” del local.
Ayer se presentaron en la causa más querellantes. Uno de ellos es Raúl Rubén Noboa, padre de Daiana Hebe, de 15 años, y Cecilia Irene, de 18, ambas muertas en el hecho. Una tercera hermana, Lucía Soledad, resultó afectada por los gases que ocasionó el incendio, aunque ya fue dada de alta y está fuera de peligro. Noboa es patrocinado por el abogado Marcelo Parrilli. Además, los padres de Florencia Laura Diez, una joven actriz que murió en el incendio, también pidieron ser querellantes. En el escrito presentado a la jueza, Ricardo Diez y Liliana Garófalo afirmaron que “en esta etapa procesal consideramos presuntamente culpables del delito de homicidio simple con dolo eventual a Omar Chabán y a los que resulten encargados de la seguridad del local”. Pero también imputaron al jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra; al vicejefe, Jorge Telerman; al ex secretario de Seguridad, Juan Carlos López, a los inspectores que no efectuaron controles y a la Superintendencia de Bomberos, entre otros. Florencia Diez, de 18 años, era una joven actriz que en diciembre había terminado el secundario en una escuela nocturna, participaba de un grupo de scouts y trabajaba en una cadena de hamburgueserías.
Por otra parte, familiares de muertos en la tragedia le pidieron ayer al ministro del Interior, Aníbal Fernández, que el presidente Néstor Kirchner “haga lo que tenga que hacer” respecto del gobierno porteño, al que consideraron “responsable máximo” de lo ocurrido. Lo hicieron en una nueva reunión con Fernández, quien recibió a medio centenar de familiares que fueron para conocer la oferta de cuatro estudios jurídicos que serán contratados por el gobierno nacional para asistirlos en sus demandas judiciales. En el encuentro se detalló que los abogados tendrán plena libertad para accionar contra cualquier funcionario que consideren responsable de lo ocurrido, algo que quedará asentado en un convenio con los estudios jurídicos.