Mario Ganora, abogado de la Defensoría del Pueblo porteña, participó de dos encuentros realizados en La Alameda a los que concurrieron 150 indocumentados interesados en conocer sus derechos. Allí explicó que la trata de personas es un delito internacional, contó sobre los derechos de los trabajadores, que van más allá de las condiciones de legalidad en que estén. “La nueva Ley de Migraciones no permite que se deporte en los casos de tratas: son víctimas, no inmigrantes ilegales”, aclaró.
“Escuchamos testimonios desgarradores, sobre regímenes de trabajo de más de 16 horas, sin sábado ni domingo, sin posibilidades de salir para gestar su documentación. Sufren amenazas de que van a ser denunciados por ser inmigrantes ilegales. Además, hay relatos de presiones de personal policial”, dice Ganora.
“Hay una grave dificultad del Estado –observa el funcionario– para controlar el trabajo a domicilio. El Ministerio de Trabajo dice que no da abasto para hacer los controles. El Gobierno de la Ciudad dice que no recibió la competencia en materia de trabajo a domicilio.”
Ganora considera que “lo peor que podría ocurrir es la clausura de estos lugares de trabajo. Tienen que adecuar su producción a la legislación. Si se las cierra, va a terminar la gente en la calle. Ellos ‘prefieren’ esa vida miserable al horror de la desocupación en su país de origen, por eso no van a hacer denuncias”.