“Debemos ser conscientes de que la aplicación de esta ley va a tener dificultades, hay barreras culturales que atravesar. Muchas veces vimos resistencia en la Justicia, donde los niños debían encontrar apoyo y han sido desprotegidos. Va a haber mucho que hacer para enraizar esto en la cultura judicial de nuestro país”, advirtió el abogado Juan Pablo Gallego en referencia al contexto en el que se aplicará la nueva ley que crea el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y que derogó la antigua Ley de Patronato. Esta y otras opiniones fueron expuestas en el marco de un seminario organizado por el Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn), que preside Estela Carlotto.
“Esta ley es un mensaje para los jueces y para otros poderes del Estado. Hay cuestiones en las que no podrán intervenir. No es cierto, como se ha escuchado en críticas, que esta ley deja de lado al Poder Judicial. Lo que deja de lado es a la intervención sin límites”, señaló la jueza de Familia de los Tribunales de San Isidro Silvia Chavanneau de Gore, en alusión a las modificaciones en el papel de los jueces con la nueva ley y también dando cuenta de que su actuación no será “paliativa” de cuestiones que deberían solucionarse en otras instancias del Estado. “Si estamos frente a un cambio de paradigma, debemos cuidar que el cambio sea real”, concluyó. En consonancia, el defensor de Menores Marcelo Jalil subrayó que con esta ley se “separa la política asistencial de lo que es judicializable”.
El Comité convocó a operadores, técnicos y profesionales que se desempeñarán en las distintas disciplinas del ámbito de las políticas públicas destinadas a niñas, niños y adolescentes para analizar el papel de cada uno en el proceso de trasformación en marcha a partir de la promulgación de la ley.
En la segunda jornada, que se realizó ayer, el trabajo se centró en torno de la forma de administrar la justicia para niñas, niños y jóvenes reconocidos como sujetos activos de derechos; las adecuaciones institucionales en el ámbito judicial y el novedoso papel del abogado defensor de los derechos del niño. Para ello expusieron abogados, defensores de menores y jueces.
Durante el encuentro, la vicepresidenta del Colegio Público de Abogados, Nelly Minyersky, señaló que “esta ley es un desarrollo de la Convención, es decir, perfecciona los derechos que la Convención establece. Trabajemos con ella para mejorar la infancia”. En la misma línea, Gallego sostuvo que “la Convención de los Derechos del Niño recibe un espaldarazo con esta ley”. Por otra parte, el letrado relató: “Una vez escuché a un juez expresando que esta ley le recorta cierta potestad sobre los niños y fue preocupante escuchar algo así”.
La ley entró en vigencia el 28 de septiembre. Su reglamentación “está en manos del Ejecutivo y el plazo para que se efectúe es de 180 días y podrá prorrogarse por otros 180 días. Es decir, para octubre de 2006 debería estar funcionando”, informó a este diario la directora ejecutiva de Casacidn, Nora Schulman.
Para que se implemente “habrá que hacer modificaciones en todas las estructuras del Estado. El Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (que tiene como función aplicar la derogada Ley de Patronato), tendrá que hacer la transferencia de partidas, al haberse reconvertido los programas, para reforzar presupuestos de educación, salud, entre otros”, enfatizó Schulman.

Informe: María Sol Wasylyk Fedyszak.