La colectividad boliviana volvió a marchar por el centro porteño para reclamar la regularización de la situación migratoria de miles de personas que viven en forma precaria, sobre todo en Capital Federal y Buenos Aires. Centenares de bolivianos se movilizaron al Consulado también para pedir el desplazamiento del titular de esa representación diplomática, Albaro Gonzales Quint, a quien acusan de “proteger” a sectores vinculados con el regenteo de talleres textiles donde se registran casos de trabajo semiesclavo. Por otra parte, el fiscal Federico Delgado admitió una denuncia penal de la Liga por los Derechos del Hombre contra el cónsul por “reducción a servidumbre”, aunque ahora deberá decidir la Cámara Federal si efectivamente se lo debe investigar. En tanto, ocho talleres textiles ilegales fueron clausurados ayer por personal del gobierno porteño.