“Los impuestos a la exportación de chatarra, por obra de nuestro ex ministro de Economía Roberto Lavagna, constituyen un subsidio encubierto a las grandes acerías de la Argentina”, dice José Bertino, titular de la Asociación de Profesionales y Operadores del Comercio Exterior (Apoce), la entidad que asesora a la cooperativa de cartoneros en su operación internacional.

“Al cobrar un impuesto del 40 por ciento sobre el total que recibe el exportador, está deprimiendo el precio local de la chatarra, que es el que pagan las acerías. Pero ellas luego venden su producto a precio internacional”, explicó Bertino. El mercado local del acero está liderado por Techint y Acindar.

Para el directivo de la asociación, “lo que pagan los cartoneros como impuesto está por encima de lo que paga cualquier trabajador y hasta un gerente en relación de dependencia”. “Con ese dinero que les roba el Estado, ellos podrían pagar su obra social y hacer sus aportes previsionales –se indigna–. En definitiva, los cartoneros son esclavos de las acerías.”

Apoce patrocinó a la cooperativa en su reclamo para eximirlos de esa carga impositiva, pero hasta ahora no tuvieron éxito. “Al menos conseguimos que el descuento se haga sobre el precio realmente facturado y no sobre el que fija la Aduana, que suele ser casi el doble que el real, lo que también duplica el impuesto”, destacó Bertino. Pese a todo, rescató el papel de los funcionarios de la Aduana, que contribuyeron a facilitar los trámites de exportación.