El Senado bonaerense dio sanción definitiva al proyecto de ley que crea el Fuero Penal Juvenil, figura a partir de la cual niños y adolescentes en conflicto con la ley podrán hacer uso de las mismas garantías constitucionales que hoy benefician a los adultos. Según cálculos de los legisladores, habrá que esperar un año para ver en pleno funcionamiento esta nueva estructura judicial.

Ese tiempo, aproximadamente, se requerirá para convertir los tribunales de menores en juzgados y tribunales de familia, designar a los fiscales y defensores que participarán de los procesos penales y nombrar al equipo técnico que asesorará a los jueces, tarea que estará a cargo del Consejo de la Magistratura provincial.

Con la sanción de esta iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo a principios de año, se suspende la vigencia de la vieja Ley del Patronato y se implementa la nueva Ley de Minoridad, sancionada en 2005 y suspendida por la Suprema Corte de Justicia. “Los magistrados deberían levantar la medida cautelar en estos días”, vaticinó la senadora del Frente para la Victoria Adela Serraga, una de las impulsoras del proyecto. “Desde este momento ya no corre el sistema de patronato que permitió judicializar la pobreza y se crea un sistema de corresponsabilidad”, destacó.

Luego de largas horas de demora en el inicio de la sesión, los legisladores aprobaron rápidamente el proyecto que había sido girado de Diputados con algunas modificaciones. Los cambios de carácter administrativo señalan la necesidad de crear más juzgados en localidades de mayor población y habilitar a la Suprema Corte provincial a ampliar el equipo técnico en los casos penales que sea necesario.

Después de que el Poder Ejecutivo promulgue y reglamente esta nueva legislación, niños y niñas accederán a juicio con todas las garantías: tendrán derecho a tener un defensor, a ser informados sobre la causa y a ser escuchados, entre otros beneficios. En el caso de tener que cumplir una condena por un delito, serán alojados en lugares especiales y no en institutos de menores, donde hoy están privados de su libertad cerca de nueve mil chicos, en su mayoría por problemas asistenciales.