La disputa entre las empresas de indumentaria, la Justicia y el gobierno bonaerense en torno de la aplicación de la Ley de Talles, aprobada en marzo de 2001, es un caso testigo de las dificultades para interferir en el mercado de la moda. Tras una postergación de seis años, el gobierno provincial recién ahora sentó las bases para la puesta en vigencia de la norma. La relativa calma en torno de la ley se dio cuando el gobernador Felipe Solá resolvió modificar la reglamentación de la norma. En ella, respondió a algunos reclamos empresariales, pero mantuvo como prioridad la necesidad de unificar los talles de las prendas.

Cuando el 8 de marzo de 2001 el Senado bonaerense aprobó la ley 12.665 con la meta de luchar contra la discriminación hacia las mujeres que no encontraban talles en las tiendas de ropa, nadie imaginó las trabas que se encontraría en su implementación. La primera objeción llegó de las empresas de confección y venta de ropa, que presentaron recursos de amparos argumentando que la norma violaba la libertad de comercio. En otras palabras, sostenían que estaban en desigualdad de condiciones en comparación con el resto de los locales que no estaban alcanzados por la normativa.

En algunos casos, los magistrados fallaron a favor de las empresas, con lo cual quedaban exceptuadas de cumplir con la disposición y en otros casos resolvieron en contra de las solicitudes empresariales. Esta pelea judicial retardó la aplicación de la ley hasta que la Cámara, a fines de 2006, ratificó la vigencia de la norma. Pese a esto, el gobernador Felipe Solá tenía en ese momento otro problema que resolver: la reglamentación de la norma que tantos enojos había generado entre las cámaras y asociaciones que nucleaban a los empresarios. Desde este sector señalaban que algunas imprecisiones en el texto redundarían en desmedro de sus ganancias.

Las lagunas en la redacción quedaron saldadas hace un par de semanas, cuando el Ministerio de Producción provincial difundió la disposición 888/06 que modifica la reglamentación de la ley. Los cambios contemplan como uno de los puntos más importantes la obligación de las empresas de unificar los talles de la ropa, adecuándose a las medidas antropométricas que para la franja de edad de las adolescentes establece el Instituto Nacional de Racionalización de Materiales (IRAM). Si los municipios cumplen bien su papel de contralor de la medida, la unificación permitirá erradicar la costumbre de empresarios de achicar cada vez las prendas.

La nueva reglamentación define el concepto de temporada, en respuesta al pedido de los empresarios. El texto precisa qué prendas deben tener en todos los talles en las vidrieras de acuerdo con la época del año. Los comerciantes tampoco están en la obligación de identificar las prendas con cartelería que indique si “se trata de saldos, segunda selección o liquidación por cierre del comercio o por fin de temporada”. También aclara que “la diversidad de colores se tiene por cumplida cuando existe una prenda de cada talle cualquiera sea su color”.

Informe: E. C.