“Es la legalización de la apropiación de menores contra toda la jurisprudencia que ha permitido que las Abuelas recuperen a sus nietos. Pero acá, incluso, se da algo tan insólito como que la apropiación se produce delante de las narices de la familia”, sostuvo Juan Pablo Gallego, abogado de Daniel y Graciela Guerra, los tíos maternos de los tres hermanos disputados. El representante legal del matrimonio Mancuso, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, negó que se trate de una apropiación ilegal. “No se le puede dar prioridad a un factor biológico. La identidad es uno y sus circunstancias. No pueden sacar a la nena de la familia que la crió por algo tan abstracto como un hermano y un medio hermano con los que ha tenido muy poca relación”, opinó el ex diputado.
El fallo de la Cámara de Apelaciones es extenso y se basa en informes psicológicos que destacan la buena inserción familiar que tenía Gimena con los Mancuso y sus dos hijos. Pero el abogado de los Guerra invalida esas pericias. “Hicimos preparar un informe multidisciplinario que lo evalúa y concluye que carecen de valor científico”, señaló Gallego.
Los camaristas Ricardo Occhiuzzi y Horacio Mares destacaron que “la conformación del vínculo fraterno no se establece exclusivamente a través de su lazo filial” y fundamentaron su decisión en que la chiquita sufrió un “evidente desarraigo y pérdida de la propia identidad”, desde el 12 de abril último, cuando se unió a sus hermanos en la casa de los tíos maternos. La versión de los Guerra es diametralmente opuesta. “Los Mancuso presentaron certificados médicos que indicaron que tenía problemas renales, respiratorios, principio de úlcera, entre otras dolencias, y sin ninguna medicación, desde que está con nosotros, se ha curado”, destacó Daniel Guerra.
Para Estela de Carlotto, “la sentencia es aberrante e imposible de sostener porque contradice la Convención Internacional por los Derechos del Niño, que está incorporada a la Constitución, y que dice que los chicos tienen derecho a vivir con su familia y a estar juntos”. Carlotto, encabeza junto con Nora Schulman el Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención, una entidad reconocida por la ONU que agrupa a una veintena de ONG defensoras de los derechos humanos y de la infancia, y que viene acompañando a los Guerra en su pelea por los chicos.
El fallo “es de una gravedad institucional tremenda que demanda la intervención de la Suprema Corte. Esta nena estuvo seis años lejos de su familia y ahora la Cámara convalida ese atropello”, opinó el abogado de los Guerra. Para Ortiz de Rozas, “el problema no es si la nena tiene derecho o no a vivir con sus hermanos, sino cuál es el mejor ambiente para su desarrollo. No se la puede arrancar de la familia que la crió como se arranca a una planta. Un chico es su historia”.